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La elección de diputados en proporción al número de habitantes de cada departamento es discriminatoria, porque concentra el poder legislativo y político en los más densamente poblados y con las ciudades más grandes, dos elementos que no garantizan por sí mismos la excelencia en la elaboración y reforma de las leyes, funciones básicas del Congreso.

La historia enseña que no son solamente las urbes populosas las cunas de los mejores ciudadanos, y ni siquiera de los más íntegros.

La concentración de diputados del departamento de Guatemala, por ejemplo, coloca en situación de desventaja a otras comunidades departamentales, y la ley robustece el síndrome de dominación capitalina, en forma notoria.

Actualmente, el Congreso se integra con 158 diputados (127 distritales y 31 por lista nacional). Cada departamento constituye un distrito electoral, con excepción del de Guatemala, en el que el municipio es el Distrito Central y los restantes municipios, el Distrito Departamental.

En las elecciones de 1999, el municipio de Guatemala eligió 10 diputados y los restantes municipios, 12, para un total de 22 diputados.

En cambio, los departamentos de El Progreso, Baja Verapaz y Zacapa eligieron uno cada uno; cuatro eligieron dos cada uno; otros tres y así sucesivamente.

En el 2007, el distrito central eligió 11 diputados y los restantes municipios, 19, para un total de 30. Y la situación proporcional en los otros departamentos resultó similar a la de elecciones anteriores.

La concentración del poder político se mide, además, porque el departamento de Guatemala sigue con el mayor porcentaje de empadronados, 26 por ciento, en tanto que los más próximos en cantidad son San Marcos y Huehuetenango, aunque lejos con 7 y 6 por ciento, respectivamente.

Sin embargo, las más recientes elecciones presidenciales (2007) fueron dominadas por ciudadanos de las áreas rurales, dándose una competencia ya no solo entre partidos políticos sino entre el campo y la ciudad capital.

Cada distrito electoral tiene derecho a elegir un diputado, por el hecho mismo de ser distrito, y uno más por cada 80 mil habitantes. Los diputados electos por el sistema de lista nacional constituyen la cuarta parte del total, y el gran total se determina por datos estadísticos del censo de población, el cual puede ser manipulado políticamente.

Véase entonces cómo el departamento de Guatemala está técnicamente sobreprotegido para monopolizar la función legislativa, habida cuenta que tiene casi tres millones de habitantes. ¿Qué hacer entonces? Hay varias respuestas; pero, una mejor forma para la integración de la legislatura es establecer un número igual de diputados por cada departamento, sin importar el número de pobladores.

La razón no solo deviene de la equidad, sino del hecho de que no es la cantidad la que debe legislar, sino el talento y la formación política y académica de los legisladores.

Es oportuno sacar a luz estas ideas ahora que ha brotado de nuevo el sarampión de reformar la Constitución y la Ley Electoral y de Partidos Políticos, lo cual tiene como síntoma visible el ansia por disminuir el número de diputados, con el argumento de la escasez de fondos públicos, para pagar sueldos, viajes y otros gastos inherentes a la función legislativa, y por el comportamiento delictivo de algunos dignatarios. Pero, por encima de eso, es necesario comprender que toda reforma a las leyes debe tener como finalidad última la mejora de la legislación, como instrumento de desarrollo y democratización del país. Por ello, si meten las manos en la Ley Electoral y de Partidos Políticos, hay que llegar al fondo y quitar varias verrugas que tiene, una de ellas es el predominio político de la capital, que nada bueno representa para la población.