Prensa Libre - Edición Electrónica

Una ingrata desgracia impuesta por ley a la niñez guatemalteca fue el éxito que Unicef tuvo (con sus gestiones y jugosas contribuciones, que malas lenguas mencionan en $900 mil) para asegurar el fin a las adopciones de niños abandonados, éxito que también tuvo en otros países que hicieron caso a sus fantasmagóricas historias, dejando a miles de niños y niñas sin familia y en situación de desdichada pobreza, mendicidad, delincuencia y prostitución, cuando no abortados, por falta de hogares deseosos de adoptarlos. (Recuerdo que el Gobierno de EE. UU. suspendió ayuda a Unicef por, indirectamente, promover el aborto).

Son muchos los sorprendidos con frases como “No quieren a los niños, pues dejaron de ser negocio”. Resulta cruel cinismo referirse así a quienes prestaban el servicio de recibir, mantener, dar albergue, alimentar, proveer medicinas, servicios de dentista, de médicos y educación a niños abandonados, resarciéndose de esos gastos con contribuciones voluntarias y con el cobro de una compensación por prestar ese servicio a la juventud abandonada.

El término “comercio de niños” suena tan insidioso como si se criticara que la Prensa vende noticias por dinero o que diplomáticos de la Unicef cobran dinero por sus servicios. Lamentablemente, por razones que vienen de muy lejos, desde antes de Dickens ganar dinero tiene mala fama, aunque todo el mundo lo hace, pues no tiene nada malo, y hasta las iglesias solicitan dinero (“limosnas”).

Se sabe de casos aislados de robo de niños en Europa, en Estados Unidos y demás países, donde el remedio no es castigar a miles de inocentes niños, sino a los pocos delincuentes. ¿Acaso aquí en Guatemala se ha castigado a alguno? ¿Sabe usted que las adopciones extranjeras se llevan a cabo principalmente (95%) para EE. UU., y que su gobierno requiere dos pruebas de paternidad por ADN, previa autorización? Se dice que raptan bebés para extraer órganos, como si ello no requiriera de instalaciones sépticas, personal médico calificado, pruebas de compatibilidad y aceptación del origen y procedimiento por parte del receptor; un proceso dificilísimo de lograr, especialmente en clandestinidad. Si el Gobierno lo sabe, ¿por qué no apresa a los delincuentes? Entre tanto, mientras más amarillo y fantasmagórico el cuento, más gusta a mentes morbosas.

Ahora resulta que solo el Gobierno puede gestionar adopciones y, consecuentemente, se han cerrado los hogares privados de niños abandonados, y, según la Prensa, las adopciones han parado, pues el Gobierno no tiene ni los hogares ni los fondos para cuidar de esos niños y niñas. Cuidarlos cuesta dinero que anteriormente era voluntariamente pagado, sin cargo al erario. Ahora la nueva burocracia recurre a darlos en cuidado a “escogidas” personas a quienes habrá que pagar para cubrir gastos de manutención, etcétera. Lo tendrá que financiar el pueblo con sus impuestos (¿comercio?, ¿negocio?, ¿sobornos?).

El mayor daño, que obviamente no les importa, ha sido privar a tantos jóvenes abandonados de una familia, de un hogar para que crezcan y se desarrollen, de una oportunidad de educarse, y de un futuro promisorio. Esa ley constituye una crueldad, y debe ser derogada, aunque no les guste a los embajadores de países e instituciones que “ayudan” y que solo porque dan dinero se creen con derecho a inmiscuirse e imponer sus ideológicos juicios en lo que no les incumbe.