Prensa Libre - Edición Electrónica

Las lluvias destapan, cada año, las deficiencias recurrentes en la infraestructura construida por distintas dependencias del Estado, a causa de la falta de supervisión, debido, a su vez, a omisiones de ley y a componendas en los procesos de contratación, que están condicionados por compadrazgo, clientelismo, tráfico de influencias y el abierto propósito de medrar de los puestos públicos, a causa de la corrupción y la impunidad imperantes.

Apenas está comenzando el invierno y calles y carreteras recién construidas o remozadas ya exhiben baches que desnudan la mala calidad y escasez de materiales, y deficiencias en los métodos de construcción. Pero lo mismo sucede con otro tipo de obras, como puentes o escuelas, en donde al deterioro temprano por los factores antes señalados se adicionan situaciones como su fragilidad e inconsistencia, y debido a eso, en el caso de puentes, colapsan o quedan con capacidad de carga restringida, mientras los techos de las aulas se levantan con el primer ventarrón, se filtran con lluvia tenue y el piso y patios se inundan por la falta de relleno o drenajes pluviales.

Guatemala está sometida a una infame sangría de recursos en la mayoría de entidades públicas, porque los cargos han sido convertidos en botín de enriquecimiento por medio de la manipulación de contrataciones y de los recursos financieros en general. El antiguo celo por la supervisión y el control ha sido suplantado por una acentuada debilidad institucional que beneficia a los corruptos.

Resulta irónico que puentes construidos hace cien años siguen en pie y en funcionamiento, mientras edificaciones recientes, de ese tipo, ceden ante el embate de corrientes de mediana fuerza. En el caso de las escuelas, las “tipo federación”, de Arévalo, construidas hace más de 60 años, apenas requieren de pequeñas reparaciones, frente a otras recientes, que tienen fisuras en paredes, techos endebles, hundimiento en el piso y, en muchos casos, muestras alarmantes de su inhabilitación total.

Se debe terminar esta anarquía que horada la moral y el presupuesto nacionales. El camino más efectivo para ello es hacer obligatoria la supervisión rigurosa de obras, por medio de una ley que asegure la calidad de materiales y procesos y la observancia de principios generales de planificación, contratación, dirección y ejecución.

En la actualidad, se evade la supervisión o esta se aparenta con arreglos entre contratantes, contratistas y quienes se prestan para aparecer como responsables de un control que no se ejerce, ni en lo mínimo, sobre aspectos técnicos, financieros y normativos.

Para asegurar la eficiencia de la supervisión en el cumplimiento de costos, tiempo de ejecución y calidad, debe ser obligatorio que la persona o empresa contratada reúna suficiente conocimiento y criterio técnico en la materia, así como que sea honrada, para resistirse a la perversa compra de voluntades.

De igual manera, se necesita democratizar la información sobre el desarrollo de la obra pública, para que los propios ciudadanos se constituyan en verificadores del buen empleo de sus impuestos.