Prensa Libre - Edición Electrónica

La jueza Décimo de Primera Instancia Penal, Patricia Gámez, ordenó hoy prisión preventiva y ligó a proceso por tres delitos a un comisario, un subinspector y dos agentes de la Policía Nacional Civil. Además ordenó al Ministerio Público (MP) mostrar las evidencias que comprueben la partipación de los detenidos en los hechos que se les imputa.

Gámez no emitió su fallo ayer pues dijo que necesitaba tiempo para analizar pues el proceso era distinto al que había trascendido en los medios de comunicación.

Los hechos señalan a Elías Lemus Guerra, José López Hernández, Jorge García Ortiz y Dennys Gueiry Godínez, quienes fueron detenidos el pasado martes por su supuesta participación en la detención ilegal de un mensajero de un hotel, a quien robaron Q7 mil, le implantaron droga y luego consignaron al juzgado de turno. En esa ocasión, el juez dejó en libertad al mensajero y luego se interpuso la denuncia contra los policías, quienes enfrentan cargos por robo agravado, detención ilegal y simulación de delito.

La jueza les abrió proceso contra esos delitos y ordenó a la fiscalía entregar el 1 de julio las siguientes evidencias, con base en las cuales se señalaba a los imputados: el despliegue telefónico con el que se extorsionó a familiares del mensajero, un informe de la ruta y cobertura de los efectivos policiales, documentos contables que confirmen que el mensajero llevaba consigo aquella cantidad y que investigue al hotel donde éste trabajada, para ver si tiene o no vínculo con la venta de drogas.

Este caso ha tenido la atención pública por algunas confusiones: el director de la Policía, Isabel Mendoza, dijo el martes pasado en conferencia de Prensa que esos elementos pertenecían a una banda de robafurgones, robo a cambistas y que habían cometido detenciones ilegales y aseguró que la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) había participado en la investigación. La banda es denominada como del “Mariachi Loco”.

Sin embargo, Gámez cuestionó a los fiscales del caso si tenían evidencias del señalamiento de robo de furgones, pero ellas dijeron que no tenían conocimiento al respecto.

El fiscal general Juan Luis Florido intervinó hoy y aclaró que lo expresado por Mendoza confundió todo el caso. Explicó que la fiscalía sólo tenía conocimiento del hecho de la detención ilegal y desconocía sobre el robo a furgones.

Florido aclaró que la Policía no había compartido información sino hasta esta mañana y que, según lo que tenía entendido, la Cicig no había ayudado en la investigación.