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Uno de los pilares de la democracia, junto con el derecho a informar y a ser informado, a comentar o criticar y a recibir comentarios o críticas, es el del libre acceso a la información, tema que tiene dos ramas principales: el de la información de los ciudadanos que el Estado puede obtener para ejercer su función de manera debida, y el de la información que el Estado debe otorgar acerca de sus actividades y sus gastos.

El mal uso y el abuso de la información sobre los ciudadanos, así como los constantes e injustificables valladares colocados para impedir el conocimiento público de la actividad gubernativa, han sido por desgracia una característica notoria del sistema político guatemalteco. En esa realidad, la idea de crear una ley que regule y permita ambos tipos de información se justifica plenamente y, si no existe, debe ser emitida, como ocurre en los países avanzados política y democráticamente.

El Estado es gobernado por personas que, mediante el mandato colectivo del voto, administran y gestionan las finanzas del país y, en general, lo manejan. Estas integran el patrimonio nacional, que debe ser considerado como la propiedad colectiva de la soberanía del ciudadano, quien por eso tiene derecho a conocer qué hace el Gobierno y qué información tiene sobre cada persona. Esto es de gran importancia en Guatemala, donde se han producido casos de persecución política y represión. Esa información personal debe ser protegida para que no se use sin autorización expresa del interesado.

Para que la ley sobre el libre acceso a la información sea efectiva, es necesario que establezca sanciones para los funcionarios que la incumplan. La Constitución recoge estos derechos en sus artículos 30 y 31, pero no son respetados. Por eso urge que el Congreso apruebe este nuevo instrumento legal, pero hacerlo con responsabilidad, sin que a causa de las llamadas “enmiendas de curul” disminuya la posibilidad de su aplicación o se reduzcan las sanciones administrativas y penales para quienes no cumplan con este derecho constitucional.

A este respecto, la responsabilidad de los jefes de bloques aumenta notablemente, porque durante la campaña todos los candidatos se manifestaron deseosos de cumplir con la promulgación de esta ley. Sería lamentable que, como ha ocurrido en tantas ocasiones, quede engavetada en alguna oficina o que sea aprobada con tantas limitaciones decididas a última hora que se convierta en un instrumento inoperante.

El escándalo causado por el desvío de los Q82 millones en el Congreso es sólo la última prueba de que es urgente aprobar este instrumento legal, que va acorde con los tiempos, donde la transparencia es un factor exigido cada vez más por la totalidad de sectores sociales. Mañana se celebrará una sesión en la que será discutido el texto final de la ley.

Los diputados poseen la oportunidad de comprobar que realmente tienen interés en fomentar el buen gobierno. Cualquier tipo de obstáculo ocasionará que la ciudadanía afiance su actual desaprobación al parlamento.