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En tres días hábiles de funcionamiento, centenares de llamadas ingresaron en las oficinas del Centro de Asistencia Legal Anticorrupción (ALAC), para señalar a diferentes instituciones estatales, entre las que sobresalen las municipalidades, Policía Nacional Civil y el sistema de justicia.

La semana recién pasada se instaló Alac en la sede de Acción Ciudadana (AC). Dicho centro es una oficina independiente de la sociedad civil, que apoya al ciudadano a identificar casos de corrupción, para que éstos sean denunciados. Se da el asesoramiento respectivo para presentar la denuncia.

En tres días hábiles que lleva de funcionar ALAC, cuyo número telefónico habilitado para reportar denuncias es el 1-801-81-11011, se han recibido unas 300 llamadas. De éstas, se determinó que 153 son reales.

De las reales, 90 fueron identificadas como casos de corrupción, y la mayoría es en contra de municipalidades, el sector justicia y de seguridad, principalmente, la Policía Nacional Civil.

El común denominador del resto de casos son quejas en contra de bancos del sistema por cobrar altos intereses, situaciones de violencia, explotación laboral y violación a los derechos humanos, entre otros.

“No podemos dar seguimiento a los casos, cuando se trata de quejas, porque ALAC se creó únicamente para denunciar la corrupción, pero se orienta a las personas para que resuelvan su situación con otras entidades”, refirió Alejandro Urízar, analista de AC y coordinador de Alac.

Prensa Libre visitó ayer durante dos horas esas instalaciones. Los teléfonos no dejaban de sonar. Se pudo establecer que aún no cuentan con suficiente personal, y por ahora dos jóvenes, con estudios de Derecho, atienden las llamadas y las registran en una base de datos, diseñada por Transparency International, para luego analizar los casos y darles seguimiento.

“El fin de semana se saturó la grabadora de voz”, dijo Ana Castro, coordinadora de ALAC, al explicar que en esos días ese es el mecanismo que se sigue.

Manfredo Marroquín, presidente de AC, comentó que debido a las numerosas denuncias que en tan poco tiempo se recibieron en la oficina, se evidencia la insuficiente capacidad del Gobierno para fomentar la participación ciudadana, y el alto índice de corrupción en las instituciones públicas, principalmente en las áreas rurales.

Urízar explicó que una de las metas es trasladar más sedes a la provincia, ya que la entrega de información se dificulta por las largas distancias y poco acceso a la comunicación y tecnología.