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WASHINGTON (AFP) - La OEA manifestó este jueves su "preocupación" por la nueva ley de expulsión de inmigrantes indocumentados aprobada por el Parlamento europeo, y anunció que una misión de ministros americanos buscará una reunión con parlamentarios y autoridades europeos.

En una resolución aprobada por unanimidad de sus 34 Estados miembros -incluidos Estados Unidos y Canadá-, la OEA reunida en Washington expresó su "preocupación por las leyes y medidas adoptadas por algunos Estados que pueden restringir los derechos humanos y libertades fundamentales de los migrantes".

Reunidos a pedido de Perú, los países americanos encomendaron al secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, que conforme una "misión de alto nivel de los Estados miembros de la OEA a la UE para obtener información de primera mano sobre la Directiva retorno", en una reunión en fecha por definirse.

La llamada "Directiva retorno" aprobada el 17 de junio por el Parlamento europeo, dispone una detención de hasta 18 meses de los inmigrantes ilegales que no quieran partir por propia iniciativa y una prohibición de cinco años de regresar a la Unión Europea (UE).

Asimismo, señalaron la obligación "de conformidad con el derecho internacional" de "garantizar el pleno respeto de los derechos humanos de los migrantes".

Los países de la OEA recordaron además que durante la Cumbre de jefes de Estado y de Gobierno de América Latina, el Caribe y la UE a mediados de mayo en Lima, la Comunidad Andina de Naciones (CAN) y las naciones europeas acordaron "establecer un diálogo integral y comprensivo sobre la migración".

Las autoridades peruanas y el secretario general de la OEA han manifestado malestar por la falta de consulta de la UE con los países latinoamericanos que tienen millones de nacionales en Europa, antes de aprobar la nueva norma de inmigración.

El canciller peruano, José García Belaúnde, propuso este jueves "reforzar los mecanismos de diálogo entre los dos continentes (Europa y América) para encontrar vías constructivas de solución práctica que protejan los derechos básicos y las libertades fundamentales de los trabajadores migrantes y sus familias".

El ministro peruano recordó que el continente americano recibió a millones de europeos que inmigraron escapando de la pobreza durante el siglo XIX y la primera mitad del siglo XX.

"Consideramos que es necesario que se explique a los gobiernos y a nuestras poblaciones, cuál es el alcance real de estas medidas que ha tomado el Parlamento europeo" y "cuál es la perspectiva en la cual se van a aplicar", reclamó de su lado el canciller colombiano, Fernando Araújo.

El vicecanciller paraguayo, Antonio Rivas, manifestó la "decepción" de su país por la nueva normativa europea, a la cual pidió "rever y modificar", y denunció una "incongruencia" de la legislación con las relaciones históricas entre los dos continentes.

"México lamenta la aprobación" de la ley europea, dijo por su parte la vicecanciller Lourdes Aranda.

"Nadie puede resolver unilateralmente el fenómeno migratorio", manifestó Aranda. "Es indispensable fortalecer el diálogo" entre las regiones involucradas, señaló, y sostuvo que "los nacionales de terceros países no deben ser objeto de encarcelamiento por una falta administrativa" como la de no tener estatus migratorio legal.

Los países de la UE que fungen como observadores en la OEA, y que aportan al presupuesto de la organización, defendieron durante el encuentro la legislación, y al mismo tiempo manifestaron su voluntad de dialogar con la misión que crearán las naciones americanas.

Fuentes diplomáticas adelantaron a la AFP que la misión de alto nivel que esperan conformar los países americanos estará integrada entre otros funcionarios por Insulza y por el canciller peruano García Belaúnde.

El Salvador también anunció durante el encuentro que formará parte del grupo.

La ley europea ha recibido un rechazo generalizado en América Latina, lugar de origen de millones de inmigrantes en el viejo continente.

El secretario general de la OEA calificó la disposición de "represiva", y varios bloques como el Mercosur, la CAN y el Grupo de Río, han formulado o buscan elaborar pronunciamientos conjuntos contrarios a la norma.