Prensa Libre - Edición Electrónica

Los ciudadanos de los países democráticos tienen derecho a estar enterados de las acciones del Gobierno y sus instituciones, sobre todo cuando implican uso del dinero de las arcas nacionales. Ese es el principio que justifica la exigencia de cuentas, efectuada gracias a la participación de los mecanismos de control. Pero cuando éstos fallan, como casi siempre ocurre en Guatemala, se debe recurrir al trabajo de grupos ciudadanos que hacen las denuncias y que convierten a la Prensa en el vehículo para que se conozcan acciones mantenidas ocultas por tener algo oscuro.

El ejemplo más reciente es el Congreso de la República y la decisión de colocar 82 millones de quetzales de sus fondos para inversiones en una casa de bolsa. El público conoció de este asunto y, sobre todo, de sus implicaciones, gracias al trabajo de la Prensa. Hasta ahora nadie ha podido responder por qué se justifica o explica haberse metido en semejante aventura financiera.

Los fideicomisos se han convertido en una manera de evadir leyes como la de contrataciones. Por ser un mecanismo utilizado en muchos casos por la municipalidad capitalina, es explicable que los diputados del Partido Unionista se opongan con subterfugios a que se apruebe la ley de libre acceso a la información.

Pero también hay otras entidades que necesitan hacer públicas todas sus acciones y decisiones, y responder ante el público. La autonomía, sea edil, universitaria o deportiva, no es sinónimo de secreto. Por ello, cualquier negativa a informar sólo puede ser vista como una forma solapada de ocultar acciones que deben permanecer fuera del conocimiento público.

La Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala, ahora intervenida, está a punto, si no lo hizo ya, de llegar a un acuerdo para entregar por 30 años el estadio Mateo Flores al empresario mexicano Guillermo Cañedo, quien se encuentra en este momento en el país, a cambio del 3 por ciento de los ingresos. No se efectuó la licitación de ley ni se ha explicado por qué a la CDAG no le alcanzan los 250 millones de quetzales anuales para el mantenimiento de las mencionadas instalaciones.

Obviamente, es mejor alquilar a largo plazo una instalación ya existente que construir una: puede haber mucho interés en alargar el tiempo de un contrato y en disminuir el porcentaje de participación de las instalaciones, que al quedar en manos privadas podrían ser vedadas para el uso o ingreso de cualquier persona o entidad, sobre todo periodísticas.

Este asunto podría convertirse en otro escándalo, peor al actual del Congreso, al tener que investigar el Ministerio Público, para deducir responsabilidades penales; la Contraloría de Cuentas, para investigar la negociación; la Procuraduría de la Nación, para investigar si el contrato es correcto o lesivo; el Ministerio de Cultura y Deporte y el Congreso, para decidir hacer interpelaciones. Y los guatemaltecos tenemos derecho legal y moral de saber dónde se ha hecho realidad esa idea, y qué beneficios significa y para quiénes.