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El Estado no tiene capacidad para supervisar la calidad de las obras viales, que sufren las consecuencias de la corrupción, manifestada en altas comisiones para funcionarios, lo cual encarece estos trabajos.

El caso más reciente fue el de los destituidos gobernadores Romeo Vásquez, de Chiquimula, y Carlos Díaz, de Suchitepéquez, quienes exigían comisiones por obras públicas a construirse.

Alcaldes de Chiquimula señalaron a Vásquez de haber exigido, sobre el valor de la obra, el cinco por ciento para él, otro cinco por ciento para el diputado Baudilio Hichos, cinco por ciento más para el diputado Ferdy Berganza (lo cual fue negado por los parlamentarios) y cinco más para la hermana de la esposa del mandatario, Gloria Torres. Con esas comisiones solo quedaría 80 por ciento para la construcción.

Otros alcaldes han afirmado que a veces las comisiones ilegales llegan hasta el 30 por ciento, sobre todo cuando se trata de carreteras, ya que el reparto abarca a funcionarios que otorgan las obras, así como otros intermediarios menores que se quedan hasta con el 10 por ciento.

Cabe anotar que existe un margen de utilidad para la constructora, que es lícito, pero que también se puede tomar en cuenta al momento de calcular el monto real invertido en la obra, cuya ejecución queda limitada al dinero disponible, lo cual implica materiales de inferior calidad, utilización de mezclas pobres o, peor aún, la disminución del grosor de la cinta asfáltica, que son causas usuales del deterioro prematuro del pavimento en calles y carreteras.

Empresas constructoras de carreteras, que pidieron el anonimato, describieron el pago de comisiones como “una regla no escrita”, y saben que si no acceden a ello tendrán problemas en su desempeño; por eso hay obras que se detienen a medias, porque ha habido una “mano oscura” que impide que se pague el valor de los trabajos a las compañías ejecutoras.

Escasa o ninguna supervisión

Marvin Flores, analista de la organización Acción Ciudadana, refirió que parte del problema radica en que la Contraloría General de Cuentas audita el gasto de una obra, verifica facturas y montos, pero no supervisa la calidad técnica de ésta, ni si cumple con estándares de calidad. Tampoco establece si porcentajes del monto asignado se quedan en otras manos.

Por si fuera poco, no se verifica la capacidad económica de las compañías, y al final resulta que entre ellas mismas se prestan maquinaria.

Flores enfatiza que el Estado no tiene capacidad de supervisar obras como las carreteras, pues no cuenta con el personal suficiente ni calificado para este fin.

El sistema de supervisión de las empresas ejecutoras no es garantía de que se construya una obra de calidad. Prueba de ello es que al poco tiempo de construida una carretera aparecen los baches o grietas, dijo el analista.

Flores destacó que en el sistema de contratación de empresas por parte de la Unidad Ejecutora de Conservación Vial (Covial) también se producen anomalías, pues a cada compañía se le cobra el 10 por ciento del valor de la obra que se le adjudica, para pagar a una empresa supervisora.

“El problema es que no se sabe qué nexos puedan existir entre las empresas ejecutoras y supervisoras, y el sistema actual se presta a componendas”, agregó.

Malas y costosas

Noé Orellana, presidente de la Comisión de Comunicaciones, del Congreso, coincidió en que hay obras costosas que al final resultan de pésima calidad. Propuso como ejemplo una carretera que construyó el Fondo Nacional para la Paz en Chimaltenango, cuyo costo fue de Q4.8 millones el kilómetro, y cuya capa asfáltica apenas tiene cinco centímetros de grosor.

“Por lo regular, cuando una obra ya no es funcional viene la supervisión; la empresa asegura que entregó todo, muestra documentos, y al final se arreglan con dinero”, denunció Orellana.

En su defensa, Armando Escribá, director de Covial, considera efectivo el sistema de supervisión, y lo justifica al decir que dicha tarea es contratada por licitación y a la vez es monitoreada por los supervisores regionales o empleados de Covial .

Escribá aseguró que fue así como detectaron que varias empresas compraron y aplicaron una mezcla asfáltica en frío más barata, que no llenaba los requerimientos de calidad, y se les obligó a levantar ese material y poner otro mejor.

El funcionario justificó además que existen factores ajenos al diseño de una obra que pueden afectar su duración, tal el caso del puente sobre el río Samalá, en la costa sur, el cual tiene pocos años de construido y está dañado porque llega más sedimento y piedras de lo calculado.

Un problema pendiente

A los males de corrupción por comisiones y deficiente construcción se suma la impunidad de la gran mayoría de casos denunciados.

Las demandas sin resolver que ha presentado la Contraloría General de Cuentas en contra de funcionarios corruptos pasan de 20 mil. Algunos documentos datan desde hace 20 años, y no han sido sancionados legalmente.

Guillermo Melgar, vocero del Organismo Judicial, refirió que en efecto son muchos los casos de denuncias de corrupción, pero en la mayoría se aprovechan del antejuicio o medidas legales para retardar los procesos.