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Luis Ferraté, ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales, se refirió en forma breve a las consecuencias del fallo de la Corte de Constitucionalidad (CC) respecto de la emisión de licencias mineras; asegura que la medida fortalecerá la defensa del medio ambiente y obligará a las empresas a cumplir la ley.

Luego de la resolución de la CC, que declaró inconstitucionales siete artículos de la Ley de Minería que se refieren a la emisión de licencias —solicitud que fue presentada por el Centro de Acción Legal Ambiental y Social (Calas)—, el ministro de Ambiente, Luis Ferraté, se refirió de forma breve al tema, pues asegura que será en un par de semanas cuando tenga un panorama claro de las implicaciones que ese fallo tiene para su cartera.

¿Cuál es la postura del Ministerio de Ambiente tras la resolución de la Corte de Constitucionalidad?

Hemos contactado a un abogado constitucionalista para que examine con detalle cuál será el efecto de los cambios que hizo la Corte de Constitucionalidad a la Ley de Minería. En un par de semanas vamos a tener el dictamen de ese experto, para saber cómo nos afecta, pues no queremos irnos de ninguna forma súbita o desordenada. Tenemos que hacer la consulta con una persona que la interprete bien y que avale lo que ya hicieron nuestros abogados. En ese momento yo les diré cuáles van a ser los impactos, porque hacerlo ahora sería precipitado, y podemos cometer un error.

Pero habrá cambios sustanciales en la forma como se han venido realizando los estudios de impacto ambiental que se exige a las empresas.

En ese aspecto va a tener mucho beneficio, porque va a fortalecer el proceso de relación de impacto ambiental desde las etapas iniciales hasta las finales. Las etapas iniciales se han fortalecido con la consulta pública, que no es derivada de estos cambios, y con la exigencia de que haya estudios de impacto ambiental y que no venzan en 30 días. Hay estudios de impacto ambiental que yo, que soy experto en eso, me llevo leyéndolos aproximadamente siete días, porque son como ocho o nueve volúmenes. Analizar un estudio de impacto ambiental nos lleva por lo menos un mes o mes y medio.

¿Qué pasará con las empresas que están funcionando en el país sin los permisos correspondientes y violando la ley?

Todos los que no cumplan con la ley tienen que estar sujetos a los efectos de ésta. Si no hacen estudio de impacto ambiental tendrán las multas respectivas. Nuestra postura no es la de generar controversia ni entrar en contradicción con ellos, queremos que ellos —las empresas— cumplan la ley, como los guatemaltecos cumplimos la ley cuando estamos en sus países. Entonces debe haber reciprocidad. Si nosotros quebrantamos la ley en otro país, nos la aplican; ellos tienen que saber que si violan la ley en nuestro país, se les va a aplicar.

Usted mencionó la importancia de la consulta pública, ¿qué tanto peso ha tomado la opinión de las comunidades en torno a la explotación minera?

Yo creo que el peso de la postura de la población es grande, porque se deben respetar los derechos individuales y colectivos de la población, llegar a acuerdos y consensos con ellos.

Le cuento una historia: nosotros somos pequeños y medianos empresarios, pero mi padre nos enseñó que los trabajadores aportan no solo su trabajo, sino que muchísimas cosas más, y por lo tanto ellos deben gozar de beneficios. Uno de ellos es hacerlos partícipes de los negocios, ya sea como socios o compañeros. Otra es pagarles buenos sueldos, reconocerles seguros, darles todos los requerimientos para tener una vida digna y aceptable. Si usted no deja beneficios en el área donde está trabajando, si la gente no quiere que se haga una cosa, se entra en contraposición con ellos y, a la larga, el que pierde es el empresario.

Debemos compartir, principalmente con la gente que tiene mayor déficit de bienes y recursos.