Los pilotos de autobuses que han causado la muerte de cientos de mujeres y hombres guatemaltecos son, para decirlo con sencillez, asesinos en serie. Año tras año, han convertido los vehículos que conducen en armas mortales. Pero no son los únicos responsables. Los dueños de los autobuses, los grandes transportistas que anteponen sus derechos individuales de propiedad a los derechos humanos de la colectividad a la cual prestan el servicio, están totalmente comprometidos en esta tragedia sostenida. Entre otros.

Pilotos con antecedentes penales o policiales, sin licencia apropiada o con licencia vencida, sin la experiencia ni la madurez necesarias para hacerse cargo de tantas vidas humanas, son contratados frecuentemente por las empresas de transporte. Y, encima de todo, los empresarios o sus testaferros les dicen al contratarlos: “Si tenés un accidente, te vas del lugar inmediatamente y nosotros nos arreglamos después con los policías; si no, el que se va a la cárcel sos vos y nosotros no hacemos nada”. Tampoco es un secreto que los pilotos tienen que entregar a la empresa una cuota diaria, y que lo que consigan más allá de esa cuota es para ellos y sus ayudantes (o brochas). Por eso es tan común verlos endiablados, compitiendo por el pasaje y metiendo al autobús el doble de pasajeros de los que normalmente cabrían cómodamente sentados.

Todas las mañanas veo autobuses extraurbanos sobrecargados, con personas asidas a las puertas laterales y traseras, e incluso sentadas en el techo. Van a gran velocidad, rebasan cuando no deben, y si los pasajeros protestan, la respuesta es siempre la misma: “Si no le gusta, bájese”. Ante la escasez de transporte y la necesidad de llegar temprano al trabajo, los pasajeros callan y se resignan a ser tratados como ganado que va al matadero. En la carretera, muchas veces hay autopatrullas de la Policía Nacional Civil (PNC) que algo podrían hacer, pero los pilotos pasan, incluso, saludando a los agentes. Quizás se debe a lo que dicen algunos usuarios: en ocasiones, desde el autobús en marcha, el brocha o el piloto les lanzan a los agentes un sobre que contiene “algo”. Todos estos pactos entre “caballeros” son los que hacen que se sostenga una cultura de indiferencia, impunidad y muerte que ya es insostenible.

Nadie quiere meterse con los transportistas, pero ¿cuándo empezará la Dirección General de Transportes a tratar de cambiar la situación? El Estado sigue subsidiando un transporte colectivo generalmente malo y altamente peligroso, en ausencia de normas, controles y regulaciones adecuadas. La mayoría de transportistas todavía piensa en código feudal: quieren que un Estado fuerte los amamante, pero lo necesitan débil para que no los ponga en cintura.

Un país que quiera ser nombrado como tal debe contar, entre sus características principales, con un transporte colectivo “humano”, seguro y eficiente. Ya no podemos seguir creyendo que estos accidentes tan frecuentes son normales, hacer bulla cuando suceden y dejar luego que todo siga igual. Desde el Estado hay que actuar penal y políticamente, desde la sociedad hay que presionar para que las cosas cambien, y los comunicadores tenemos la obligación de darles seguimiento a las acciones. De otra manera… la ruleta rusa seguirá siendo la práctica.

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