El Ejecutivo prefiere agotar el diálogo antes que tomar acciones de desalojo en el caso de las usurpaciones en áreas protegidas, informó ayer Ronaldo Robles, secretario de Comunicación Social de la Presidencia.

Robles informó que la problemática se está discutiendo a fondo en la mesa de negociación, con la Comisión de Asuntos Agrarios —de la cual espera propuestas—, pero tampoco se le ha impuesto una fecha para eso.

Añadió que, a criterio del Ejecutivo, no es el momento para acciones de desalojo, aunque están conscientes de la preocupación por proteger los recursos naturales.

Gerardo Paiz, subsecretario ejecutivo del Consejo Nacional de Áreas Protegidas, destacó que se busca el apoyo de instituciones para enfrentar el problema de las usurpaciones y la ingobernabilidad en áreas protegidas.

“El factor de violencia dificulta conseguir apoyo, porque las fuerzas de seguridad están destinadas a proteger los centros urbanos”, agregó. Indicó que ya hay impactos económicos por las usurpaciones, pues se ha observado una baja de visitantes en los parques nacionales.

Hace dos días, el Consejo Superior Universitario de la Universidad de San Carlos exigió al Gobierno el desalojo los biotopos usurpados. El Ministerio Público consiguió la orden de desalojo en Arroyo Macabilero, Sierra del Lacandón, Petén, e inició un reconocimiento en Yaxhá, para determinar el daño por las usurpaciones.