Organizaciones guatemaltecas encargadas de velar por los derechos de la mujer reclamaron hoy, en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, la aprobación de leyes que les beneficien, específicamente en las áreas de seguridad y trabajo.

“Las condiciones de vida de las mujeres continúan siendo las más precarias, especialmente para las mujeres indígenas y campesinas. Vemos cómo cada día los niveles de pobreza afectan más a las mujeres, lo que trae consigo la falta de acceso al desarrollo, a la educación, a la salud y al bienestar social”, afirma Sandra Morán.

La activista, dirigente del Sector de Mujeres, una de las 21 organizaciones que conforman la Coordinadora 8 de Marzo y que velan por los derechos de las mujeres, sostiene que parte de sus demandas se centran en que el Legislativo apruebe las iniciativas que han sido planteadas como demandas y necesidades de las mujeres guatemaltecas.

“En el Congreso se encuentra estancada la iniciativa de Ley Marco sobre Violencia Contra las Mujeres; las Reformas al Código de trabajo, que incluye mujeres trabajadoras del campo y la ciudad; y la Ley que regula el trabajo en casa particular”, afirma Morán.

Y es que en materia de seguridad, las guatemaltecas observan con preocupación cómo se registran más feminicidios año con año, pues los 317 homicidios de 2002 pasaron a 591 en 2007 (12 menos que en 2006 cuando se registraron 603), mientras que en lo que va de 2008 los asesinatos de mujeres suman 63.

“Las mujeres enfrentamos día a día el problema de la inseguridad social, asaltos, secuestros, delincuencia y crimen organizado, lo que nos mantiene en una situación permanente de miedo, terror, desconfianza, limitando la participación y el ejercicio pleno de nuestros derechos”, subraya.

El gobierno y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), firmaron ayer un convenio para investigar los asesinatos de mujeres, a petición expresa de las autoridades guatemaltecas.

Las guatemaltecas también reclaman al Organismo Judicial que dicte medidas de carácter administrativo o reglamentario para que los métodos alternativos de resolución de conflictos, concretamente la mediación y la conciliación, no se utilicen en casos de violencia intrafamiliar y de violencia contra las mujeres.

Esto, porque consideran que atenta contra la seguridad de las sobrevivientes de violencia.

AFP