La extendida e imperturbable corrupción policial también se ensaña en contra de quienes transmigran por el país. Las extorsiones y el acoso de los agentes sobre aquellas personas hace aparecer a Guatemala, ante la comunidad de naciones, con doble moral y discurso respecto de los derechos de los migrantes, pues se exige a México y Estados Unidos respeto hacia nuestros compatriotas, pero aquí se atropella a quienes pasan por el territorio en busca del “sueño americano”.

Cada cierto tiempo, cuando los abusos policiales alcanzan límites de escándalo, el hecho sale a relucir con abundantes datos para facilitar el trabajo del Estado en su combate, pero luego la ciudadanía comprueba, con frustración, que no se avanza en ese sentido, por la indiferencia de las autoridades y la ineficiencia y el contubernio con los corruptos, de dependencias policiales ya conocidas por la falta de resultados, como la Oficina de Responsabilidad Profesional (ORP), de la Policía Nacional Civil (PNC).

Hace poco más de un mes, este diario publicó un informe de la Mesa Nacional de Migraciones acerca de los vejámenes policiales en contra de los migrantes en 24 puntos de entrada y salida del país. En él se subraya, también, la vieja corruptela, virtualmente institucionalizada, imperante en la ruta a Petén, en donde policías asignados a por lo menos seis puestos de registro se dedican a interceptar autobuses, con el propósito de esquilmar a extranjeros, como condición para permitirles continuar su viaje.

Este calvario, extendido incluso a personas con sus documentos en orden pero con el estigma de ser extranjeros, se inicia algunas veces en hoteles de la capital y de las zonas fronterizas, en donde se sabe que se alojan migrantes, y se extiende por todas las carreteras. En el caso particular de Petén, las embestidas policiales abarcan hasta El Naranjo, en la frontera con México. Pese a que esas violaciones a los derechos humanos son de sobra conocidas, no se sabe de acciones concretas de la PNC y el Ministerio de Gobernación para ponerles coto.

La corrupción entre los empleados de la Policía y Migración hace pasar malos ratos a los funcionarios del Gobierno cuando, como lo ha hecho el presidente Colom en dos oportunidades con su homólogo mexicano Felipe Calderón, demandan con vehemencia a otras naciones el pleno respeto de los derechos de los migrantes guatemaltecos, porque mientras se exige en el exterior un trato digno para los connacionales, aquí se superan con creces, a manos de la propia autoridad, cualquier arbitrariedad imaginable en contra de aquel sector.

El tema de la inmoralidad se ha vuelto una historia sin fin. Gobiernos van y vienen y todos prometen, durante su proselitismo, que harán su mejor esfuerzo para erradicarla, pero cuando llegan al poder se olvidan de aquel compromiso, porque ambas dependencias se convierten en botín para el pago de deudas políticas, y debido a ello les resulta incómoda cualquier iniciativa orientada a la honestidad y la rectitud. Mientras, Guatemala hace el ridículo con un discurso a favor de los migrantes que la burocracia podrida convierte en una farsa.