El informe de país de la Organización de las Naciones Unidas revela los altos costos de mantener una economía con índices de inseguridad y violencia como los registrados en Guatemala.

Cada año, se gastan 500 millones de dólares en servicios privados de seguridad. Sin duda, una industria próspera en cuestión de retornos financieros.

Existen, sin embargo, otros costos sociales: la pérdida de salud mental, la desconfianza o deterioro del capital social, la pérdida de libertades individuales en cuanto a locomoción, o la pérdida de espacios públicos seguros. Al final, se retorna a la edad de piedra.

Del Homo economicus al Cro-magnon. ¿Son estas señales de una sociedad desarrollada? ¿De una sociedad sana? Definitivamente no, aunque sí próspera económicamente para quienes vieron en la violencia una gran oportunidad.

Por otro lado, podemos analizar la violencia bajo una lógica económica: así como el dinero es el vector para intercambiar bienes y servicios, el poder coercitivo puede serlo también.

En realidad, la coerción la ejerce quien tiene poder y el poder puede ser ejercido amenazando la vida del otro. Bajo esta lógica, quien tiene un arma puede extorsionar a quien está desprotegido. Es la lógica del laissez faire que utiliza un medio de intercambio poco ortodoxo.

El problema es que quien se dedica a esta economía de la delincuencia, no necesita dinero para obtener bienes y servicios. Sencillamente utilizará su poder coercitivo basado en el temor, como medio de intercambio. ¿Las armas?

Su machete de trabajo. El delincuente amenaza con lo más preciado de su potencial víctima: ¡su vida! y obtiene a cambio lo que desea.

La solución de permitir a todos los miembros de la sociedad a portar armas no es entonces la más apropiada para reducir los índices de violencia, pues quien desea defender sus bienes lo hará de la misma forma: utilizando violencia a cambio.

Así, las mujeres, los niños, amas de casa, personas de la tercera edad y hombres que deseen proteger su propiedad privada así como su integridad individual estarían armados y dispuestos a utilizarlas en su cotidiano vivir, bajo el concepto del temor y coerción. En este esquema de “libre mercado”, quien posea más y mejores armas tendrá más poder coercitivo.

Si antes era el armado contra el desarmado, ahora será el armado con semiautomática, con chaleco antibalas, con granadas, quien enfrentará al niño que tiene una pistola calibre 0.22. Patético: el pez grande sobre el pez chico. La lógica de este mercado evolucionaría de tal forma que quien se dedica a la industria de la coerción y el temor invertirá en más y mejores armas, para obtener más retornos a su “inversión”, comprará más y mejores “machetes de trabajo”.

Los ciudadanos, según sus posibilidades, buscarán invertir en más y mejores armas, lo que ocasionará al final del día una sociedad de asesinos, mercenarios y una economía basada en la violencia, la desconfianza, el temor y la muerte. Peor aún, quienes no se dedican a esa economía paralela de la violencia no van a dedicar su presupuesto para armarse más y mejor en el tiempo, a menos que resulte mejor utilizar las armas en lugar del dinero como medio de intercambio. ¿Ridículo? Tal vez, pero con mucho sentido común.

De allí, la importancia del estado de Derecho en una economía de mercado, es decir el poder de la ley por encima del individuo. Pero además, la fuerza de las instituciones y la prevención en el largo plazo de las causas de la delincuencia como el fomento de una economía sana, que brinda oportunidades de desarrollo a quienes no las tienen y, eventualmente, fortalecen la convivencia armónica entre personas. Para ello se necesita fundamentalmente aceptar que lo público y lo privado pueden y deben coexistir en una sociedad.