Las evidencias de irregularidades en los procesos de adopción de al menos cinco de los 46 menores hallados en una redada en una casa cuna guatemalteca en 2006 revelan nuevas dudas sobre la legalidad de las más de 25 mil adopciones de niños guatemaltecos por parte de estadounidenses en la última década.

En agosto pasado, la Policía allanó Casa Quivira, una agencia de adopciones propiedad del estadounidense Clifford Philips y encontró a los 46 niños. Aunque en ese momento la redada se justificó como una forma de buscar niños robados, este extremo no ha podido ser demostrado.

“Los (cinco) niños (en proceso de adopción) están sometidos a un proceso irregular de adopción, sus derechos a una identidad fueron conculcados ya que al no tener identidad sus madres, tampoco la tienen ellos”, dijo el fiscal Jaime Tecú al presentar ante el juez Roberto Peñate, que instruye el caso, las evidencias para convencerle de abrir a juicio. Peñate debe fallar mañana por la tarde.

Los señalamientos de corrupción en los procesos de adopciones sumados a la presión de varias ONG y la comunidad internacional llevó en diciembre al congreso a aprobar una ley de adopciones que armoniza la legislación local con el convenio de La Haya sobre adopciones internacionales, un tratado que busca impedir el tráfico de personas y la compraventa de menores.

Aunque hay indicios de otras supuestas irregularidades en Casa Quivira, el fiscal se centró en cinco expedientes de adopción en los que hay evidencias de robo o suplantación de identidad de las madres biológicas.

En uno de los casos, el de una niña adoptada en septiembre por una familia de Indiana, Estados Unidos, la fiscalía pedirá una prueba de ADN para descartar que se trate de Esther Sulamita Rivas, una niña que fue robada en marzo pasado a su madre.

La fiscalía duda de la identidad de Luciany Dávila, la niña adoptada por Michael y Mary Ball de Indianapolis, ya que fue dada en adopción por Orbelina Dávila Paz, una mujer a quien no han podido localizar.

La investigación de la fiscalía, dijo Tecú en la audiencia de hoy, demuestra que Dávila podría ser la misma persona que María Natividad Hernández, una mujer casada residente en Santa Rosa De Lima, Santa Rosa, a 70 kilómetros al este de ciudad de Guatemala.

Orbelina, quien obtuvo su primer documento de identidad a finales de 2006, y María Natividad tienen la misma fotografía y huella digital en los libros donde la municipalidad de Santa Rosa de Lima registran las inscripciones de Cédulas de Identidad. El hecho de estar casada anularía la adopción ya que la ley estadounidense exige que para dar un niño en adopción la madre tiene que ser soltera.

La defensa de Vilma Desiree Zamora Pérez, la notaria que tramitaba las adopciones, y Sandra Patricia Leonardo Pérez, la representante legal de las parejas estadounidenses, no rechazó estos señalamientos y basó su defensa en que las abogadas no tenían forma de saber de la falsedad.

Estuardo Castellanos, uno de los abogados de las acusadas argumentaron que “puede haber suplantación de identidades pero eso lo tiene que buscar el Ministerio Público”.

El Procurador General de la Nación, Mario Gordillo, dijo que de demostrarse la ilegalidad en las adopciones el Estado de Guatemala tendría que pedir la devolución de la niña. “Tendríamos que hacerlo, de acuerdo con la ley”, dijo Gordillo.

En otros dos casos presentados por la fiscalía, las madres que entregaron los niños en adopción tienen la misma identidad de bebes que nacieron muertos en la década de los años 80.

Al incautar los documentos, la fiscalía pudo comenzar una investigación que le ha llevado a buscar a las madres biológicas de los niños y cotejar los documentos de identidad de estas y de los menores. La fiscalía cree que las falsificaciones fueron hechas para alterar el estado civil de mujeres casadas o menores de edad, casos en que es necesario que la familia o el esposo de estas acudan ante un juez para dar el consentimiento.

“Hemos encontrado más de las cinco irregularidades sobre las que planteamos la acusación, cosas como pago por la entrega de los menores y errores en el consentimiento”, dijo Tecú, quien trabaja en la recién creada fiscalía de trata de personas y que antes de asumir como fiscal, colaboró en la redacción de la ley de adopciones que sacó a los notarios del proceso.

Antes de enero de 2008, la ley guatemalteca permitía que una adopción se hiciera entre particulares con la asistencia de un notario. Esto facilitó que notarios crearan redes en las que se ocupaban desde reclutar a mujeres embarazadas, cuidar a los niños recién nacidos, gestionar la adopción y, ahora busca demostrar la fiscalía, falsificar documentos para facilitar los trámites.

El sistema creado por los notarios ha sido tan eficiente que sólo en 2007 colocaron más de 4 mil 750 niños en Estados Unidos, más de uno de cada cien menores nacidos en el país.

AP