Entre las primeras medidas to- madas por la nueva administración, la Secretaría de Comunicación Social, a través de su titular, Ronaldo Robles, anunció que el Gobierno se proponía centralizar la información pública en esa dependencia, decisión que generó desconcierto en el medio y que fue criticada por algunos expertos, entre ellos el periodista y abogado Luis Morales Chúa, quien consideró que la medida, además de ser inviable, debía ser examinada a la luz de los preceptos constitucionales.

Esta acertada predicción se constató casi inmediatamente, debido a que los funcionarios no pueden ser coartados en su derecho y deber de informar sobre sus actividades, y tampoco están obligados a acatar órdenes inconstitucionales. La emisión del pensamiento sin censura previa, recibir información y darla de sí mismo son derechos humanos nacional e internacionalmente consagrados. Además, la Constitución reconoce que la información estatal es pública y garantiza el libre acceso a las fuentes, al prohibir a cualquier autoridad conculcar ese derecho.

Esa política informativa fue modificada de hecho; sin embargo, ha ocurrido una serie de situaciones que deben ser analizadas en la esfera gubernamental, para evitar que se conviertan en una tendencia peligrosa que nos coloque en un enfrentamiento con las autoridades, en defensa de nuestros derechos y de nuestro trabajo.

La semana anterior, en Quetzaltenango, personal del Servicio de Análisis e Información Antinarcótica (SAIA) agredió y golpeó a varios periodistas que cubrían la detención de miembros de la Policía, supuestamente implicados en el robo de joyas en esa cabecera departamental. Además de constituir un delito, el hecho cobra relevancia, dado que se trata de limitar la información sobre la participación de agentes de las fuerzas de seguridad en hechos ilícitos, en momentos en los que el mandatario ha asegurado que en su gobierno no existen esos poderes paralelos.

Este incidente no es aislado. En Sololá, el 4 de este mes, la señora Wendy Ruano, irónicamente encargada de Comunicación de la esposa del presidente, intentó coartar a la Prensa el derecho de dar cobertura a una actividad pública en la que participaba la primera dama, quien rectificó y presentó disculpas a los reporteros. El 16 de febrero, en la Antigua Guatemala, la seguridad presidencial y de la municipalidad encerraron a periodistas para evitar que tuvieran acceso al presidente.

Es usual que los gobernantes, en algunas ocasiones, se sientan incómodos con los medios de comunicación. Hoy estamos en presencia de actitudes recurrentes. asumidas por funcionarios y autoridades que, extralimitándose en sus funciones, pretenden imponer disposiciones ilegales y actitudes arbitrarias a los comunicadores. El Estado tiene que respetar los principios relativos a estos derechos, cuyo pleno ejercicio es componente esencial de toda sociedad democrática, fundamento de su propia existencia y sustento de otras garantías.

La Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión advierte, entre otras cosas, que es deber de los Estados prevenir los hechos que violentan y coartan la libertad de expresión. Estamos ante casos que se encuadran en esta violación. Hay que frenar esta tendencia que puede convertirse en un riesgo innecesario para el Gobierno. La alerta todavía es amarilla.