Los subsidios que el Gobierno otorga, con el propósito de apoyar a diversos sectores, serán evaluados, y los fondos podrían ser reorientados a programas y el proyecto “Transferencias Condicionadas”, que promueve el Consejo de Cohesión Social.

La efectividad del Programa del Vaso de Leche y el subsidio al transporte serán de los evaluados, comentó ayer por la noche el ministro de Finanzas, Juan Alberto Fuentes Knight, en un foro con expertos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) que se encuentran en el país.

Actualmente, el Estado destina Q24 millones mensuales para subsidiar el transporte. Para el Programa del Vaso de Leche gastó, en el 2006, Q106 millones, para atender a 400 mil niños de 87 comunidades.

En beneficio de los pobres

La decisión de evaluar los referidos programas surge del proyecto del Gobierno de poner en marcha la modalidad “Transferencias Condicionadas”, que consiste en otorgar fondos a familias pobres, a cambio de que acudan a servicios de salud, aprendan sobre nutrición y envíen a sus hijos a las escuelas.

“Son dos ejemplos. Hay que hacer un análisis más cuidadoso para determinar qué fondos pudieran utilizarse para esas transferencias”, explicó Fuentes.

Santiago Levy, vicepresidente de Sectores del BID y principal impulsor del proyecto en otros países, comentó, durante el foro que se efectuó en el Palacio Nacional de la Cultura, que las Transferencias Condicionadas son un proyecto cuyo efecto positivo en el desarrollo de un país se ve después de 10 años. “Se trata de un cambio generacional”, aseguró.

Agregó que una de las bases para impulsar esa modalidad es usar fondos estatales o crear un impuesto a personas con más ingresos, para beneficiar a quienes no cuentan con recursos. Comentó que los gobiernos no deben adquirir préstamos (deudas) para financiar las transferencias, ya que se compromete el futuro.

La opción elegida por la actual administración ha sido reorientar fondos, dijo Fuentes Knight. “Evaluar costos y beneficios de cada subsidio y determinar si cumplen con los objetivos de desarrollo para los que fueron creados”, añadió.

Ese modelo siguió México cuando adoptó las Transferencia Condicionadas.

Durante este año se prevé poner en marcha esa modalidad en 44 municipios, y en el 2009 se ampliará.

Levy, al referirse a los requisitos para impulsar el proyecto, explicó que el Estado debe contar con una estructura adecuada, para garantizar que las familias beneficiadas cumplan con lo acordado.

“Debe haber sistemas de información, para dar certeza de que los niños van a la escuela, y no solo un papel donde los maestros firman (...), y si no hay garantía, no ejecutar el programa”, expresó.

Añadió que esa modalidad no prevé la creación de empleos, sino promover la calidad de vida de las personas y mejorar su capacidad de consumo, con el objetivo de impulsar la economía de los países.

El proyecto se encuentra por ahora en fase de estructuración, y no se prevé una fecha específica para que se inicie; sin embargo, antes es necesaria la cuantificación de los subsidios estatales y el análisis.

El BID ofreció apoyo, pero la decisión de solicitarlo deberá tomarla el Gobierno.