Dos afrentas a la institucionalidad, al estado de Derecho y a la autoridad legítimamente constituida, en menos de un mes, por parte de campesinos de Izabal, ponen de manifiesto el desprecio de esos grupos por la justicia, la convivencia civilizada, el respeto a la propiedad pública y privada, la prevalencia del interés general sobre el particular y la imagen de un país, al que, con sus acciones infames, han proyectado ante el mundo como una sociedad oscurantista en la que impera la barbarie.

Fue positivo el desenlace, anteayer por la noche, del secuestro de los cuatro turistas belgas y dos guatemaltecos retenidos un día antes en Río Dulce, porque el Gobierno no accedió a las exigencias para la liberación de Ramiro Choc, el líder de los autores de aquel condenable hecho, y quien guarda prisión por cargos de usurpación, robo agravado y detención ilegal, como consecuencia de su trabajo de incitador de invasiones de fincas y viviendas en la zona de Lívingston.

La firmeza mostrada por la fuerza pública frente a las peregrinas demandas de aquellas turbas desenfrenadas fue decisiva para que sus cabecillas advirtieran lo inútil de sus bravuconadas y amenazas y decidieran liberar a sus víctimas, sobre quienes, dicho sea de paso, no tuvieron ninguna consideración ni piedad, pese a su edad y su condición de salud.

El Gobierno no tenía ninguna posibilidad de liberar a aquel instigador profesional, porque su situación depende de un proceso en un fuero en el que tiene vedada toda injerencia, y no podía, por otra parte, acceder a un diálogo por medio de la coacción y el chantaje, para interceder por alguien empecinado en violentar la ley y medrar de ello.

Se sentaría un precedente funesto con la excarcelación de alguien por mediación o presiones de un poder ajeno al Judicial, porque entonces cualquier trasnochado podría recurrir a ese procedimiento para escapar de la majestad de la ley, y el país quedaría expuesto a la posibilidad del empleo del secuestro por parte de delincuentes y bochincheros, como mecanismo efectivo para gozar de impunidad.

El país está sufriendo hoy la suma de la tolerancia del Gobierno respecto de los desmanes de tantos bandoleros disfrazados de dirigentes sociales, porque debido a la falta de castigo para sus acciones se han generalizado la invasión de la propiedad privada, el bloqueo de calles y carreteras, la ocupación de edificios públicos y otras acciones empleadas como medios de presión para el logro de objetivos individuales o grupales.

Probablemente, el secuestro de los turistas belgas no se habría producido si el Gobierno hubiese procedido con rigor en contra de los mismos campesinos que retuvieron a 18 policías, en Lívingston, el 21 de febrero recién pasado. La última lección ha sido demasiado cara como para no entender que se debe castigar aquel y este nuevo delito, y todos aquellos en los que se pretenda emplear el chantaje para obtener concesiones improcedentes.

La sociedad espera un mensaje pronto, contundente e inequívoco del imperio de la ley sin distingos de ninguna naturaleza, y por eso, estos dos secuestros no deben quedar en la impunidad.