Pese al alto número de casos de trata de personas, el Ministerio de Relaciones Exteriores informó que entre septiembre y diciembre últimos solo recibió siete denuncias de ese tipo de abusos, cometidos, principalmente, contra guatemaltecos en territorio mexicano.

La Dirección de Asuntos Consulares y Migratorios, de esa cartera, informó que el problema es que pocos conocen esa situación y, por lo regular, la relacionan con otros hechos.

“En su mayoría, las denuncias llegan como problemas de migración o abandono, pero cuando las autoridades consulares verifican, se percatan de que son casos de trata de personas”, reportó la Dirección de Asuntos Consulares y Migratorios.

Abusos en México

Con dificultad para expresarse en español, pues su idioma es el mam, un individuo se comunicó a la Cancillería y expuso que su hija, de 16 años (se omiten los nombres, por ser caso de explotación), era obligada a trabajar sin remuneración, con maltratos y abusos de parte de una familia, en México.

Este es uno de los siete casos recibidos en el 2007. Sin embargo, la citada dirección dijo que hay muchos casos y que la mayoría no es denunciada, por temor o desconocimiento.

Trata de personas incluye esclavitud, secuestros rápidos y explotación sexual y laboral, explicó la Cancillería. Un alto porcentaje de guatemaltecos que trabajan en México son sometidos a esos abusos.

Negocio bien pagado

“La trata es un negocio altamente pagado”, afirmó Sergio Morales, procurador de los Derechos Humanos. Detalló que en esa institución han recibido denuncias de casos similares y que ese es un tema que va de la mano de los migrantes, por ser personas vulnerables.

Pese a ello, las autoridades guatemaltecas no pueden ayudar, porque los abusos se cometen en territorio mexicano. “Hemos tenido casos de padres que abusan de sus hijas, ambos guatemaltecos, pero ¿cómo ayudarles, si están en México?”, refirió un funcionario de la Cancillería.

El Ministerio de Relaciones Exteriores y la PDH integran la Comisión Interinstitucional de Combate de la Trata de Personas y sus Delitos Conexos, la cual se establece en la política sobre esa materia.