Lo acontecido en Izabal el fin de semana pone de manifiesto, una vez más, la profunda crisis que se vive en nuestro país en materia agraria. Una y otra vez hemos sido testigos de cómo la desesperación desborda y los grupos campesinos acuden a medidas de hecho para hacer valer su voz, acallada permanentemente, en todas las esferas. Por décadas, y en el marco de procesos de diálogo, impulsados en tiempos de gobiernos “democráticos”, se han esperado soluciones para miles de familias que se debaten entre la miseria y la muerte, porque el Estado ha sido incapaz de garantizarles los derechos mínimos que les permitan vivir con dignidad.

Durante la época de la guerra, miles de familias campesinas fueron literalmente masacradas, porque se atrevieron a alzar su voz contra las injusticias, a pedir salarios dignos, mejores condiciones laborales en las fincas donde trabajaban, la recuperación de las tierras que les habían sido arrebatadas y la posibilidad de formar cooperativas para desarrollarse económicamente. La respuesta fue la sangre y el fuego. Allí están los testimonios recogidos en los informe de Recuperación de la Memoria Histórica, de la Iglesia Católica, y en Guatemala memoria del silencio, el informe de la Comisión de Esclarecimiento Histórico de Naciones Unidas. Los testimonios recogidos en el libro Guatemala: el silencio del Gallo, que narra el trabajo del misionero español Luis Gurriarán en nuestro país, no dejan lugar a dudas sobre la forma en que se explotaba a los campesinos y se les trataba en las fincas de la costa sur, y la manera en que las cooperativas campesinas, nacidas del esfuerzo colectivo, fueron literalmente borradas del mapa, sus líderes asesinados, secuestrados y acusados de promover el modelo comunista.

El domingo 20 de enero de este año, en la página 25 de Prensa Libre, apareció una foto de un grupo de trabajadores que venían de laborar en una finca bananera en Los Encuentros, Coatepeque, Quetzaltenango. La imagen llora sangre: descalzos, harapientos y exhaustos; la fotografía desnuda exactamente las condiciones deplorables en las que continúan viviendo y trabajando miles de compatriotas, y explica sin palabras el meollo del asunto.

Lamentablemente, la lección no se aprendió y la situación de las comunidades campesinas va de mal en peor. La institucionalidad agraria ha sido incapaz de garantizar desarrollo rural y ha sumido a miles de familias en deudas impagables porque las tierras entregadas son totalmente improductivas. El modelo económico y político que prevalece en el país les sigue dando la espalda a los sectores excluidos y marginados, y una vez más, estamos viendo las consecuencias.

Nadie justifica la detención ilegal de cuatro turistas y dos trabajadores guatemaltecos, pero quedarse en ese punto tampoco ayuda a resolver el problema de fondo, y mucho menos a que el fenómeno no se repita. Criminalizar la protesta social es una fórmula muy peligrosa y altamente explosiva; garantizar la impunidad ante la violación sistemática de los derechos laborales y de propiedad de los campesinos, también lo es. A todo lo que ha venido ocurriendo, ahora se suma la denuncia del Comité de Unidad Campesina y la Procuraduría de los Derechos Humanos de una ejecución extrajudicial en el rescate de los rehenes.

La violencia, la pobreza y el clamor social se resuelven con inteligencia; bien haría el gobierno recién instalado en revisar sus promesas y empezar a actuar de una manera diferente de la que hemos visto en los últimos 50 años.