La elaboración de un plan de reparación determinará qué clase de resarcimiento recibirán las comunidades que fueron afectadas por la construcción de la hidroeléctrica Chixoy; el pacto fijó un plazo de nueve meses para encontrar una solución a las demandas de las familias.

El Gobierno y la Coordinadora de Comunidades Afectadas por la Construcción de la Hidroeléctrica Chixoy firmaron ayer un acuerdo que establece la redacción de un plan de reparaciones que deberá cuantificar los daños y perjuicios que ocasionó la construcción del embalse y la represa, informó el vicepresidente Rafael Espada.

Para efectuar la investigación, el Instituto Nacional de Electrificación (INDE) desembolsó US$150 mil (unos Q1.1 millones), y está pendiente de contratar a la empresa que hará el trabajo, expuso Espada.

El acuerdo incluye también el acompañamiento de la Organización de los Estados Americanos (OEA), para el cumplimiento del pacto alcanzado.

Con esto el Gobierno podrá asumir y cumplir con las responsabilidades que le competen, y deberá determinar si es necesario resarcir los daños ocasionados a las familias.

Juan de Dios García, representante de las comunidades, aseguró que son 28 las poblaciones que resultaron damnificadas por los trabajos del embalse.

Recordó que parte de los daños en las comunidades fueron ocasionados en sitios arqueológicos, y que hubo destrucción en los departamentos de Alta Verapaz, Baja Verapaz y Quiché.

Las poblaciones reclaman que por los menos 74.5 caballerías de tierra se inundaron a causa de la represa, lo cual originó que cerca de cinco mil familias dejaran sus tierras y ahora vivan en extrema pobreza, explicó el líder de los afectados.

Medidas

En septiembre del 2004, unos 800 pobladores tomaron la represa, en protesta por el irrespeto de sus derechos por parte del INDE, argumentaron.

En el 2006 ambas partes firmaron un acuerdo político, el cual permitió que se integrara una mesa de diálogo para encontrar un mecanismo de solución, con el acompañamiento de la OEA.

Espada manifestó que el resarcimiento incluye una parte económica y otra que ayudará con programas productivos en el área.

“Debemos evitar futuros enfrentamientos, ya que van a existir futuras hidroeléctricas, por lo que debemos alcanzar un acuerdo”, mencionó el vicegobernante.

García respaldó el comentario de Espada, y afirmó que las comunidades deben ser informadas de los proyectos que tengan como fin el desarrollo del país.

En 1976 el Gobierno, a través del INDE, inició el proyecto de construcción del embalse y represa de Chixoy, para desarrollar una fuente confiable de energía eléctrica.