Los jueces autorizaron por lo menos 10 desalojos en igual número de áreas protegidas, pero éstos no se han llevado a cabo, por falta de recursos y de coordinación entre las instituciones del Ejecutivo; además, más de 25 lugares de la Reserva de la Biosfera Maya, en Petén, están invadidos, y otros en Izabal y las Verapaces.

Los jueces han resuelto que las personas que se ubican en el Centro Campesino Pollo Solo, remate del área de Arroyo Macabilero, Dos Pilas, Yaxhá, La Florida, El Picudo y el biotopo Laguna del Tigre, en Petén, así como Laguna Lachuá, Cobán, deben abandonar dichos inmuebles, debido a que son áreas protegidas.

A pesar de ello, los desalojos no se han llevado a cabo. Los argumentos de las autoridades van desde falta de coordinación entre el Ministerio Público, la Policía Nacional Civil y el Ministerio de la Defensa, así como la ausencia de agentes para hacerlos efectivos.

Sin embargo, organizaciones de derechos humanos señalan que esos son pretextos, porque las órdenes judiciales deben cumplirse, o de lo contrario se genera impunidad.

Otro de los problemas es que temen entrar en las comunidades, pues tienen información de que los pobladores se encuentran armados y que se puede suscitar algún enfrentamiento.

El viceministro de Gobernación, Édgar Hernández, afirmó que intentan agotar la vía del diálogo en los casos de desalojo, para lograr una salida pacífica.

Agregó: “La Secretaría de Asuntos Agrarios busca una salida e intenta evitar las consecuencias no deseadas que traería un desalojo violento”.

Personal insuficiente

“A veces realizamos desalojos y, después de efectuado, a los días regresan y se debe ordenar uno nuevo, generando un desgaste grande, porque no se puede custodiar áreas tan grandes”, explicó.

“Para mañana (hoy) se tenía programado el desalojo de los pobladores que están en Centro Campesino, en la Sierra del Lacandón, pero por falta de personal se tuvo que suspender, y es que si vamos pocas personas, el problema es que los que corremos riesgo somos nosotros”, aseguró Noé López, fiscal de Delitos contra el Medio Ambiente.

Ambientalistas señalan que es triste que la justicia no llegue porque el Estado aduce que no tiene fondos para los desalojos, por lo que son organizaciones no gubernamentales las que dan esos recursos.

“Solo este año no fueron ejecutados cuatro desalojos, en Petén, que estaban planificados”, expresó Yuri Melini, del Centro de Acción Legal-Ambiental y Social.

La fiscalía pretende que después de la salida de los invasores se coloque un puesto de control en cada lugar, para evitar que se produzcan nuevas invasiones.

“Si no hacemos algo, el problema es que estaremos jugando al gato y al ratón, y lo más difícil será cuando veamos a estas personas viviendo en plena ruina”, aseveró López.

De lugares lejanos

Las pesquisas indican que quienes han invadido las áreas protegidas de Petén e Izabal no son oriundas de allí, sino de Alta Verapaz, pero que son instados por supuestos líderes comunitarios para invadir, con el argumento de que la tierra les pertenece por legado ancestral.

En varios casos se ha establecido que esos supuestos dirigentes obtienen beneficios económicos de entre Q50 ó Q100 mensuales que cada campesinos paga por el lugar donde viven.

“Los invasores se han burlado de la justicia y del Estado, ya que son desalojados y luego regresan, y nadie responde por los daños causados”, dijeron ambientalistas consultados.

“Si alguien roba o mata y la justicia no lo detiene, seguirá cometiendo esos delitos; eso sucede en las áreas protegidas y algunas privadas”, afirmaron.