Si alguna profesión cumple un papel fundamental en la sociedad, en términos políticos y jurídicos, es la de abogacía y notariado. Quienes la ejercen, tienen bajo su responsabilidad exclusiva uno de los poderes del Estado (el Organismo Judicial). Los titulares de dependencias estratégicas tienen por ley que ser ocupados por profesionales del Derecho; tales son, por ejemplo, los casos del Tribunal Supremo Electoral y del Registro General de la Propiedad Inmueble.

Los y las abogadas y notarias cuentan con el inmenso privilegio de incidir en ámbitos públicos y privados, están facultados para impartir justicia, para litigar, para interpretar las leyes —incluida la Constitución—, para regular la actividad de los partidos políticos y los procesos electorales. Pero además tienen, por delegación del Estado, depositada la fe pública; hacen constar hechos que presencian o circunstancias que les constan, se colocan en sus manos aspectos de índole personal, íntima, como el matrimonio, el divorcio, el reconocimiento de preñez o de parto, así como asuntos económicos como los relativos al patrimonio familiar, el otorgamiento de última voluntad, la organización de sociedades de cualquier naturaleza y las adopciones, aspecto controversial y de reciente resolución.

Este ejercicio profesional, de gran responsabilidad y envergadura, exige altos niveles de preparación, conocimientos, eficacia, eficiencia y calidad, pero fundamentalmente debe tener como sustento los valores y un comportamiento ético. Es una actividad profesional desempeñada con base en la razón y al derecho.

Lo menos que puede una sociedad esperar de los juristas es una práctica con rectitud y dignidad, para que sea coherente con su naturaleza y función, ya que esta profesión, entre otras virtudes, puede contribuir a preservar la paz social, es garantía de la defensa del estado de Derecho y de la protección de los derechos humanos, y aporta seguridad y certeza jurídica a los ciudadanos y ciudadanas.

Sin embargo, en los últimos días se conocieron noticias que, de nuevo, ponen en entredicho a quienes ejercen estas dos profesiones. Las quejas son en contra de jueces y por los incumplimientos de obligaciones notariales; ambas denuncias deben ser investigadas a profundidad, para depurar y lograr mejorar el desempeño, evitando así mayores daños a la sociedad.

El sistema de justicia ha estado en entredicho desde hace décadas. Son numerosos los señalamientos de parcialidad, corrupción, colusión, retardo en la aplicación de justicia, tráfico de influencias y otros actos ilícitos que no han podido ser erradicados de los tribunales, todo lo cual contribuye al desprestigio de jueces y magistrados, con honrosas excepciones, así como a la desconfianza en el sistema.

Las malas prácticas del notariado también han provocado repudio generalizado. Basta recordar los casos recientes de las adopciones que generaron millonarias ganancias a costa de la desnaturalización de una noble institución, o los despojos de tierras “debidamente legalizados”.

También ha salido a luz pública que el 25 por ciento de matrimonios queda inconcluso por la falta de los avisos notariales respectivos.

Como se ve, urge la reivindicación ética de estas dos profesiones, para que no se continúen devaluando. Las facultades de Derecho y el Colegio de Abogados y Notarios tienen una gran responsabilidad en esto.