El relator especial de la ONU sobre ejecuciones extrajudiciales, Philip Alston, alertó sobre el restablecimiento encubierto de la pena de muerte en Guatemala.

Al relator le preocupa que la Ley reguladora de la conmutación de la pena para los condenados a muerte viole el derecho internacional de los derechos humanos, indica un comunicado de prensa.

“El derecho internacional no prohíbe a Guatemala la imposición de la pena de muerte. Sin embargo, no puede restablecer la pena de muerte de forma encubierta”, comentó Alston.

Alston realizó estos comentarios en relación con el decreto 06-2008, que corre el riesgo de convertirse en ley si el Congreso anula el veto presidencial.

“Esta ley sólo puede entenderse como un intento de evadir los requisitos establecidos por el derecho internacional de los derechos humanos”, dijo Alston. “Si el Congreso tiene tanto interés en defender el Estado de Derecho a través del restablecimiento de la pena de muerte, debe hacerlo de conformidad con el Estado de Derecho Internacional y no ignorar las decisiones emitidas por el Comité de Derechos Humanos y por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en relación con Guatemala”, afirmó.

Por último el relator hizo un llamamiento al Congreso para que no anule el veto presidencial al decreto y para que en cambio se comprometa a trabajar en la elaboración de una ley que regule el ejercicio del derecho a la clemencia de conformidad con los requisitos establecidos en el derecho internacional.

El Congreso de Guatemala aprobó el pasado 12 de febrero una ley que restablece el recurso de gracia, suspendido desde 2000 y que había provocado un vacío legal que impedía la aplicación de la pena de muerte, vigente en ese país.

El pasado 14 de marzo el presidente Álvaro Colom anunció que había decidido vetar la ley. Ahora el Congreso se apresta a conocer esta semana el veto sobre el indulto presidencial.