El tema de las ofertas de líneas aéreas de bajo costo y sus efectos en la clientela, cuando no cumplen con lo prometido, es un ejemplo que demuestra con toda claridad lo necesario que resulta emitir una ley que proteja los derechos del consumidor, ahora afectados por el hecho de que se encuentran desprotegidos.

Han sido muchos los casos de promesas incumplidas. Esta Semana Santa ocurrió el caso de la empresa Latin Sky, que durante varias semanas vendió por Internet un servicio a Miami que comenzaba el Viernes de Dolores, razón por la cual muchas personas decidieron adquirirlo. Sin previo aviso, los vuelos simple y sencillamente no se realizaron, dejando a los clientes frustrados y con pérdida de dinero.

En otros casos, las líneas duran muy poco y de pronto dejan el mercado, con clientes en situación igual a la señalada. En la ruta Los Ángeles-México, ocurrió algo similar hace algunos meses con la línea aérea Air California, que al declararse en quiebra no devolvió al público los casi US$30 millones en boletos vendidos. Otro caso fue el de Spirit Airlines, que cerró su servicio de Guatemala a esa ciudad californiana.

Estos son ejemplos de empresas que vienen a afectar una industria y distorsionar, con precios irreales, un mercado que ha sido trabajado durante años y se ha forjado un determinado prestigio. Pero en el fondo subyace la obligación de las autoridades de no permitir que una empresa que tiene precios sospechosamente bajos —que por ello puede ser calificada de pirata— pueda actuar con libertad y certeza de la impunidad contra los consumidores.

Guatemala es un país donde el consumidor está desprotegido. Si no es engañado en el precio, lo es en la cantidad de producto adquirido, en la forma de entregarlo o en la calidad de los ingredientes. Dentro de la cultura general de los ciudadanos, debe forjarse la idea de que, cuando un precio es rebajado en 80 por ciento o más, necesariamente algo está mal.

El éxito de una ley que defienda los intereses de los consumidores depende mucho, también, de que éstos ejerzan su derecho a recibir servicios de calidad y a que lo indicado en etiquetas en realidad corresponda a lo que recibe. Si las personas no ejercen ese derecho, de muy poco sirve que exista la ley, la cual por otra parte debe incluir castigos muy fuertes para quienes la infrinjan o burlen a quienes adquieren bienes o servicios.

En el caso de las líneas aéreas, la actividad de estas “empresas golondrina” afecta a una industria de enorme importancia, el turismo, que se encuentra dividido en numerosas actividades, todas relacionadas de manera directa o indirecta en el transporte de personas al país. No solo en este campo, sino en todos, el papel del Estado es fundamental. Quien de alguna manera engaña al consumidor, debe ser castigado, y para ello están las leyes, pero al mismo tiempo se necesita una campaña educativa para que quien compra sepa que al hacerlo se establece un contrato que debe ser cumplido por ambas partes, no solo por quien entrega su dinero.