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SAN JUAN (AFP) - El gobernador de Puerto Rico, Aníbal Acevedo Vilá, compareció este viernes ante autoridades judiciales estadounidenses en la isla y quedó en libertad, tras ser acusado por el FBI de corrupción en la obtención de fondos de campaña electoral.

Acevedo Vilá no tuvo que pagar fianza ni entregar su pasaporte a las autoridades, pero deberá comunicarse todos los meses con un funcionario federal y deberá notificar a la justicia si quiere salir de Puerto Rico, informaron fuentes del tribunal.

El político, de 48 años y gobernador desde 2005, está acusado de corrupción por el financiamiento irregular de sus campañas proselitistas de 1999 (como candidato a congresista en Washington) y de 2004 (cuando disputó la gobernación de Puerto Rico).

El FBI presentó cargos en su contra por asociación para delinquir, declaraciones falsas, fraudes e infracciones fiscales.

Puerto Rico es un estado libre asociado a Estados Unidos y el gobernador es la máxima autoridad del Poder Ejecutivo.

Si se lo llega a declarar culpable, Acevedo Vilá puede ser condenado a más de 10 años de cárcel.

El gobernador, que se presentó a la corte federal acompañado de una caravana de seguidores, es candidato a la reelección, pero su marcha en pos de ese objetivo se complica ahora con pedidos de renuncia de la oposición que amenaza con destituirlo.

El opositor Partido Nuevo Progresista (PNP), partidario de la anexión a Estados Unidos y en control de ambas cámaras del Congreso puertorriqueño, advirtió al mandatario que podría impulsar su destitución.

"Le damos la oportunidad al gobernador de que renuncie, para evitar un proceso de destitución", dijo Luis Furtuño, presidente del PNP, principal agrupación opositora.

Sin embargo, Acevedo Díaz adelantó que continuará en su cargo y no permitirá "distracciones" en su labor de gobierno.

El gobernador dijo el jueves que con esta investigación las autoridades de Estados Unidos "se han pasado de la línea" y consideró que las denuncias no corresponden a la jurisdicción estadounidense.

Acevedo Vilá, que se convirtió en el primer gobernador puertorriqueño en ser acusado en el tribunal de distrito estadounidense, compareció en la mañana del viernes ante la magistrada Margaret Kravchuk, traída expresamente de Estados Unidos para el caso.

También se lo acusa de haber recibido favores indebidos de parte de empresarios y regalos como vestimenta de lujo y viajes con su familia en 2003 a Miami y en 2004 a Costa Rica y China, según el documento sometido por la fiscalía federal.

Junto al gobernante boricua han sido acusadas otras 12 personas, incluidos ex funcionarios gubernamentales, dirigentes del gubernamental Partido Popular Democrático (PPD) y empresarios que aportaron fondos a sus campañas, algunos de los cuales fueron arrestados el jueves y dejados en libertad bajo fianza.