Luis Moreno Ocampo, fiscal dela Corte Penal Internacional, consideró viable que se investigue a los gobiernos de George Bush y de Tony Blair ante la eventualidad de que hubieran cometido crímenes de guerra en sus acciones militares en Irak.

Esa opinión del alto jurista argentino, que ocupa el cargo de fiscal penal internacional desde que se creó la Corte y se instaló en La Haya en el 2003, mereció el aplauso de quienes rechazan y no se explican la política bélica, particularmente, del presidente estadounidense, y el de muchísimos más que sin importarles si está bien o está mal, condenan siempre a EE. UU. y a lo que representa Occidente. A esos aplausos se sumó, por supuesto, el de la gran manada de timoratos y oportunistas que se refugian y se afilian a lo “políticamente correcto“.

Pero también Moreno Ocampo ha admitido la posibilidad de realizar una investigación de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), denunciada por cometer crímenes de lesa humanidad. El fiscal ha sido muy claro al precisar que no necesariamente los crímenes de lesa humanidad son exclusivamente cometidos por Estados o grupos estatales. Se comete ese tipo de crímenes, afirmó, cuando existe un ataque sistemático y organizado contra la población civil. Es difícil que el accionar de los narcoguerrilleros de las FARC —que han secuestrado a cerca de mil personas, en su mayoría, ciudadanos comunes e inocentes, a quienes canjean y pretenden canjear por dinero o por la libertad de sus compinches condenados por la justicia; que utilizan minas antipersonales, que han barrido pueblos y poblados, han atacado escuelas e iglesias y han cometido atentados terroristas en ciudades— soporte una investigación en serio y ese grupo pueda escapar airoso a la acusación de haber cometido crímenes de lesa humanidad.

Los aplausos en este caso, sin embargo, no son tantos. En especial, en Latinoamérica, donde muchos gobiernos se niegan a reconocer la condición de terroristas de las FARC, caso de Brasil, Uruguay, Argentina y ni qué de hablar de Ecuador, Nicaragua y Venezuela, que hablan como amigos de aquéllas.

Pero, al jurista argentino, eso poco le importa. Se trata de una rara avis que no busca el aplauso, no está para la autopromoción y mucho menos para manejarse dentro de lo “políticamente correcto“. No es de los que van tras los titulares y que en ese afán arremeten contra Pinochet, pero se hacen los tontos si les hablan de los crímenes de Fidel Castro.

En estos cinco años en que ha desempeñado el cargo, ha confirmado que quienes lo designaron tuvieron un gran acierto. No es que fuera muy difícil: el abogado Luis Moreno Ocampo fue uno de los dos fiscales que acusaron a los comandantes de la dictadura militar, condenados por la justicia argentina en 1985 ; fue abogado de las hijas del asesinado general chileno Carlos Prats, y fue quien develó la trama del Plan Cóndor. Fue de los primeros, y bastante solo, que embistió contra la corrupción de la administración Menem, y fue durante años un alto directivo de Transparencia Internacional y un incansable batallador contra la corrupción pública.

Es difícil, además, ponerle un rótulo, encasillarlo y hacer maniqueísmo burdo con Moreno Ocampo. Incluso en su país, Argentina, en donde el gobierno de los Kirchner juega en tándem con Hugo Chávez en lo internacional y en lo interno hace gala de sus afinidades con los montoneros, cuyos crímenes algunos jueces de hoy consideran que no son de lesa humanidad.