Delegados de la Auxiliatura de los Derechos Humanos (PDH) investigan cobros ilegales, abuso de autoridad, alimentos en mal estado, falta de atención médica, entre otras anomalías, en la cárcel preventiva para mujeres de la ciudad altense.

Varias internas, que solicitaron el anonimato por temor a represalias, señalaron a la rectora Francisca Marroquín de cobrarles Q50 para permitir el ingreso de sus familiares el día de visita. También denunciaron que reciben alimentos de mala calidad.

“La rectora nos niega asistencia médica y nos amenaza con trasladarnos a otro reclusorio si no acatamos sus órdenes”, manifestó una de ellas.

La PDH identificó el caso de una reclusa que perdió a su bebé por no recibir atención médica a tiempo.

Carlos Martínez, auxiliar de la PDH, expresó que tras la visita se abrieron tres expedientes para investigar los casos. Marroquín no fue localizada dentro de la cárcel.