El asentamiento Unidad de la Esperanza, que se creó con el inicio de este gobierno y cuyos pobladores apelaron a la solidaridad del nuevo presidente, fue desocupado ayer, después de que la Policía desalojara a unas 400 familias que construyeron sus champas en zona de alto riesgo.

Las familias invadieron Cerro Gordo el 13 de enero, y ayer, después de trabajar durante tres meses en construir sus champas, tuvieron que abandonar el lugar.

Cerca de las 10 horas, el Ministerio Público notificó de la orden de desalojo; un pequeño grupo de vecinos se opuso y comenzó a lanzar piedras y botellas contra los agentes.

Los policías detuvieron a Gilda Tamara Pérez, una de las dirigentes, por usurpación y obstaculizar la justicia.

Los pobladores se habían instalado en un área verde de la Municipalidad de San Miguel Petapa. Según María Chávez, jueza de Asuntos Municipales, ese es un barranco arenoso de zona de alto riesgo. “Es un área peligrosa, y la vamos a cerrar para que no se instalen más familias”, dijo.

Con lágrimas en los ojos, Angélica Monterroso, de 67 años, se preguntaba por qué los echaban después de tres meses de haber levantado sus covachas.

Muchas de las familias confiaron en los líderes, quienes les prometieron que el lugar se legalizaría. Pagaron entre Q600 y Q1 mil para la instalación de agua y luz, y algunos hasta Q4 mil por los terrenos. Ayer perdieron el dinero y el terreno.