Convergencia por los Derechos Humanos demandó hoy al viceministro de gobernación, Hernández Umaña, que rinda un informe de lo sucedido y aclara qué delitos se le imputaron a las personas detenidas y que fueron utilizadas para el supuesto intercambio de los turistas belgas que fueron retenidos por un grupo de campesinos hace tres semanas.

Al ministro de Gobernación, Vinicio Gómez, piden que someta a una investigación administrativa y pena a todos los funcionarios de la institución que pudieran estar involucrados en estas acciones “violatorias de derechos humanos”, indica un campo pagado publicado en la prensa local.

Al fiscal general, Juan Luis Florido, solicitan que ordene una investigación y persecución penal en torno a la ejecución extrajudicial de Mario Caal y una investigación administrativa en torno a la actuación del fiscal José Eduardo Cabrera y de otros funcionarios del Ministerio Público que pidieron incurrir en responsabilidades administrativas y penas en los hechos ocurridos.

Por último, hacen un llamado al Procurador de Derechos Humanos, Sergio Morales, para que verifique el proceso de investigación y persecución penal en contra de las personas sindicadas de la muerte de Caal.

El pasado 14 de marzo, cuatro turistas belgas fueron secuestrados por un grupo de campesinos que exigía la liberación de su líder, Ramiro Choc, quien fue detenido señalado de varios delitos. Los turistas fueron liberados al día siguiente, supuestamente, gracias a un canje negociado por las autoridades.

Convergencia es una unidad de defensores de los derechos humanos que incluye al Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales de Guatemala, Seguridad en Democracia, la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado, el Centro de Acción Legal para los Derechos Humanos y el Centro Internacional para Investigaciones en Derechos Humanos.