El poco común forcejeo existente en este momento entre el procurador general de la Nación, Mario Gordillo, y el presidente de la República, Álvaro Colom, es un caso que debe ser considerado desde diversos puntos de vista, para analizar con serenidad las razones o motivos invocados por cada uno de ellos y ampliamente cubiertos por la Prensa.

El principal argumento del presidente es que existe un posible conflicto de intereses, porque el funcionario al que le pide dimitir es el esposo de la licenciada Patricia Cervantes de Gordillo, recientemente electa por el Congreso de la República para el cargo de magistrada del Tribunal Supremo Electoral, que tendrá bajo su responsabilidad participar en la dirección y control de los próximos comicios. Queda sobrentendido que el mandatario, adicionalmente, se encuentra incómodo con la presencia, en el importante puesto de procurador del Estado, de quien lo fue durante la administración anterior.

Según la ley, corresponde al presidente de la República nombrar al procurador general de la Nación, y su período es de cuatro años. Una forma de ver el asunto es que el primer mandatario del país tiene entonces la potestad de cesar en sus funciones al mencionado funcionario. El otro criterio es que, si bien el presidente lo nombra, una vez realizada la escogencia, el período debe ser respetado aun cuando —como es el caso actual— alcance dos administraciones consecutivas.

El tema de la relación conyugal como fuente de conflicto de intereses es también motivo de análisis, sobre todo porque en la actualidad, como consecuencia de las importantes y económicamente elevadas funciones que le han sido otorgadas a la esposa del presidente Colom, podría ser esgrimido en este caso. Pero, por otro lado, algo no parece tener mucha congruencia cuando una pareja de esposos tiene dos cargos tan distintos pero políticamente tan importantes para el país. No es asunto de desconfiar de la buena fe de dos profesionales del Derecho, sino de darse cuenta de que puede haber momentos de innecesaria tensión e incluso de recelo por este motivo.

Lo que sí queda claro es que la señora Cervantes debió de haber meditado acerca de la posible interpretación del conflicto de intereses antes de aceptar ser tomada en cuenta como candidata a integrar el TSE.

El asunto se complica aún más porque otro análisis lleva a conclusiones contradictorias: por un lado, que la relación del presidente y el procurador debe ser cordial, con el objetivo de que la tarea de este último sea mejor realizada, pero por el otro, que esa relación sea eminentemente profesional, para evitar interferencias o presiones indebidas.

El tema pone a prueba la capacidad de ambas partes de actuar con serenidad. En rigor, a menos que haya una razón de fondo para negarse a permitirle seguir trabajando al procurador, el presidente puede establecer una buena relación de trabajo con alguien a quien no le unen lazos políticos ni de amistad anterior. La decisión está en ambos.