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Después de cuatro meses, las expectativas y cuestionamientos sobre el trabajo que hace la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) se mantienen. Representantes de organizaciones, analistas y políticos saben que el proceso de instalación ha sido lento, por la excesiva burocracia y la falta de personal; sin embargo, quieren ver resultados.

El jefe de la Comisión, Carlos Castresana, pide paciencia, y asegura que el proceso de investigación —el cual podría durar dos años— es secreto. Cuando tenga pruebas y esté listo para solicitar las órdenes de captura y la apertura a juicio, contestará todos los cuestionamientos, dijo.

“Los legisladores que apoyamos la aprobación de la Cicig teníamos muchas expectativas; han pasado cuatro meses y no hemos visto resultados”, lamentó Roxana Baldetti, diputada del Partido Patriota.

La parlamentaria comentó que lo único que se conoce del trabajo de la Comisión hasta el momento es una solicitud de reformas a la Ley de Armas y Municiones.

Mario Polanco, dirigente del Grupo de Apoyo Mutuo (GAM), también ve con preocupación el paso de los días sin resultados. “Tenemos la curiosidad de saber si está avanzando o no”, indicó.

Iduvina Hernández, del Centro Internacional para Investigaciones en Derechos Humanos y la Seguridad en Democracia, defendió a Castresana y aseguró: “Las investigaciones no se hacen de un día para otro; no se debe presionar pidiendo resultados en corto plazo”.

Sin apoyo

De acuerdo con Eduardo Stein, ex vicepresidente de la República y uno de los principales impulsores de la Cicig, el trabajo se está haciendo; sin embargo, hay una serie de temas que han dificultado la celeridad del mismo, como la falta de colaboración de algunas instancias públicas.

Esta preocupación es compartida por Nery Rodenas, de la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado, quien indicó: “Tengo entendido que el Ministerio Público no ha hecho propuestas de personal calificado para integrar esta comisión”.

El fiscal general, Juan Luis Florido, en una entrevista publicada por Prensa Libre recientemente, refutó lo dicho por Stein y Rodenas, y manifestó que tiene una buena relación con Castresana y que el MP está en la mejor disposición de dar toda la información que fuera requerida sobre los casos por investigar.

Dijo que están trabajando en la instalación de las fiscalías que servirán de enlace con la Comisión, y confirmó que personal de la Cicig ya mantuvo reuniones con algunos fiscales que podrían apoyar el trabajo.

Castresana confirmó la información, y aseguró que el apoyo ha sido el necesario y que han incorporado a ocho de los 50 investigadores propuestos por el MP.

El acuerdo de creación de la Cicig establece que el equipo de trabajo —unas 15 personas— deberá estar integrado por profesionales nacionales e internacionales, con experiencia en investigación, derechos humanos, forenses y técnicos. La recopilación del personal no ha sido fácil, pues por el momento solo 65 personas han pasado las pruebas. “Pasa el tiempo y aún no tengo la gente que necesito”, expresó Castresana.

Excesiva burocracia

Pese a ello, Castresana afirmó que la investigación ya comenzó, aunque reconoció que los tres primeros meses han sido difíciles, por la excesiva burocracia y por la cantidad de acuerdos y convenios que se han tenido que suscribir con países amigos, Naciones Unidas y Guatemala.

Otro de los problemas que enfrenta la Cicig son las numerosas solicitudes de investigación que ha recibido, que son unas 30.

Stein y Hernández coincidieron en que el problema es que muchos ven a la Cicig como la panacea de todos los problemas de criminalidad e inseguridad en Guatemala, y no es así; para eso ya están la Policía y el MP. Baldetti opinó lo contrario, y dijo que los casos deben ser investigados por la Cicig. “Con uno que nos resuelva somos felices”, destacó.

Entre las solicitudes planteadas están la estafa a miles de inversionistas del Banco de Comercio, los asesinatos de pilotos del transporte de pasajeros y el esclarecimiento de los femicidios. También el asesinato de los parlamentarios salvadoreños, los crímenes de guerra y la muerte de Víctor Rivera, asesor del Ministerio de Gobernación. Castresana aclaró que la Comisión, la cual se mantiene con fondos internacionales, ha sido creada para combatir la impunidad, y que aunque se analizan los casos que se presentan, la resolución de los mismos no es parte de su mandato.

El juez español pidió paciencia y aseguró que habrá resultados. “Es muy importante medir bien las expectativas de la Comisión, para evitar frustraciones. El objetivo es combatir la impunidad con hechos, investigación bien construida, pruebas científicas y acusaciones sólidas.

Llegados a ese punto, será la justicia guatemalteca la que deba conocer y condenar a los integrantes de las agrupaciones paralelas que por años han mantenido en zozobra a la población guatemalteca y que mantienen tentáculos en todas las actividades delictivas e instituciones del Estado.