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Encubrir es ocultar algo, no manifestarlo o impedir que se conozca. Esa descripción señala uno de los más serios problemas del país, donde son demasiados y muy variados los casos de temas de los que solo se conoce parcialmente, o que simplemente son mantenidos fuera del conocimiento público, y que se conocen solo porque los medios de comunicación social, considerados en su conjunto, lo denuncian y lo colocan en la agenda nacional.

En la última semana se ha sabido de asuntos de gran importancia para el futuro del país que habían sido mantenidos en secreto o revelados solo parcialmente. El partido oficial trata de prorrogar los contratos petroleros, sin cumplir con el requisito legal de licitación, e incluso uno de sus diputados trató, hace algunos días, de sorprender a sus colegas con la insistencia de declarar de urgencia la nueva ley de la materia, sin revelar el verdadero motivo de la prisa, que era beneficiar a las empresas.

Se encuentra en Guatemala un barco-chatarra, gracias a la sospechosa autorización de un juez de Izabal, con grave riesgo ecológico para el país. Algunas carreteras de Petén han tenido costos sobrevalorados en la Unidad Ejecutora de Conservación Vial (Covial). El trabajo periodístico publicado por Prensa Libre señala la existencia de empresas constructoras fantasma. El fideicomiso es utilizado para eludir la Ley de Contrataciones del Estado, lo que abre la puerta a desmanes y compadrazgos, al punto que, a causa de la multiplicidad de casos similares, es urgente analizarlos, para ver si se justifican.

En otro caso que igualmente despierta sospechas, la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala (CDAG) parece haber decidido dar en concesión por 30 años, sin licitación, el Mateo Flores a una empresa mexicana ligada a la televisión abierta del país vecino, que otorgará al Estado guatemalteco apenas el 3% como regalías. Los dirigentes deportivos insisten en la urgencia de aprobar tal idea, mantenida en secreto, y eso obliga a preguntarse quiénes saldrán beneficiados y por qué la insistencia, pues en todo caso el tema debe ser ampliamente discutido en forma pública, porque al menos a primera vista no parece haber causas justificadas ni para la idea ni para la insistencia de aprobarla.

Los casos de la CDAG y de Covial se parecen en que tanto la autonomía como los fideicomisos están siendo utilizados como pretexto para realizar acciones incorrectas, o que al menos huelen muy mal. Por aparte, se ha informado que el Gobierno no atiende las sugerencias de la Comisión Presidencial de Reforma del Estado, que acaba de ser cerrada por éste, sin que parezca tener interés en atender las sugerencias realizadas por esa dependencia.

En ese ambiente, donde la nefasta cultura del encubrimiento florece por todos lados, resulta imposible pensar que la población no se sienta incómoda, molesta y, sobre todo, decepcionada de ver que las mismas lacras del pasado se mantienen firmes. El antídoto que significa la vigilancia de entidades de trasparencia es la única manera de enfrentar esto, pero se necesita una voluntad política que por el momento no existe.