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La Procuraduría General de la Nación (PGN) y el Consejo Nacional de Adopciones (CNA) acordaron ayer dejar en suspenso, al menos por un mes, los cerca de dos mil 300 procesos de adopciones que están en trámite, mientras se evalúan, “minuciosamente, uno a uno”, y se confirma que no haya irregularidades en ellos.

A partir del jueves, los abogados que tramitan adopciones deberán acudir a la PGN y presentar al niño y a la madre biológica, a fin de verificar que sus características coincidan con los datos de los expedientes que se encuentran en trámite. De haber dudas, se harán nuevas pruebas de ADN (ácido desoxirribonucleico).

Los primeros expedientes que se someterán a análisis son 36, entre los cuales se cree que se encuentran los de cuatro niñas que, entre el 2006 y el 2007, fueron robadas a sus madres. Éstas efectuaron, la semana recién pasada, una huelga de hambre, para exigir el esclarecimiento de esos hechos.

Ayer, las mujeres depusieron la medida, luego de que las autoridades se comprometieron a investigar e incluso les dieron esperanzas de que recuperarán a sus hijas.

Elizabeth Hernández de Larios, presidenta del CNA, dijo que pedirán apoyo a Estados Unidos, para elaborar fotos de cómo podrían verse ahora esas niñas, ya que es seguro que han cambiado físicamente.

Además, se investigará a unos 50 abogados, de quienes se sospecha que tramitan adopciones ilegales, refirió Gudy Rivera, presidente de la Comisión legislativa del Menor y la Familia y quien solicitó que fueran detenidos los procesos, para evaluarlos.

Según datos de la PGN, en el 2007 fueron dados en adopción cinco mil cien menores, y cuatro mil 496, en el 2006.

Se calcula que el 98 por ciento de los niños fue adoptado por extranjeros —al menos un 95 por ciento, por parejas estadounidenses—.