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LA PAZ (AFP) - El gobierno boliviano busca retomar un diálogo con la oposición para desactivar una crisis política, agravada por el referendo autonómico que realizó Santa Cruz contra la voluntad del Ejecutivo, pero ahora tendrá que ser sin la Iglesia católica y probablemente sin la OEA.

El ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, brazo derecho del presidente Evo Morales, anunció que el lunes próximo el gobierno definirá la modalidad del diálogo, principalmente con cuatro prefectos opositores que impulsan en sus regiones la formación de gobiernos autónomos.

"Estamos dispuestos a sentarnos a dialogar para identificar aquellos aspectos que los propios prefectos observan. Es hora de poner orden institucional", dijo Quintana tres días después de que Santa Cruz, bastión opositor, aprobara en un referendo su estatuto autonómico, una suerte de constitución local.

Según los cómputos parciales y oficiales de la provincia rebelde, un 85% de los habitantes apoyaron el Sí a la autonomía.

El gobierno y seis de los nueve departamentos bolivianos mantienen visiones opuestas sobre las autonomías regionales y sobre la nueva Constitución, aún sin vigencia, lo que ha llevado a amagos de violencia que obligaron a la intervención en los últimos dos meses de la OEA, tres países sudamericanos y la Iglesia católica.

Según el embajador de esa organización en La Paz, Bernhard Griesinger, citado este miércoles por el matutino La Prensa, la OEA se retiró de la negociación ("el mandato de la OEA terminó", dijo), pero fue desmentido en Washington por el secretario de Asuntos Políticos del organismo Dante Caputo.

"Las declaraciones del director de la oficina de la OEA en Bolivia son insensatas e incomprensibles", expresó Caputo a la AFP.

"Uno se pregunta qué le pasó por la cabeza a este señor", enfatizó.

Eso no garantiza sin embargo que la OEA vuelva a la mesa, pues su rol ha sido severamente cuestionado por la oposición boliviana, por considerar que esa entidad está parcializada en favor de Morales.

"Queremos diálogo con la mediación de la Iglesia y con el acompañamiento de los países amigos (...), gente neutra, confiable y creíble que no estén bajo la influencia del rey del ALBA, el señor (Hugo) Chávez (presidente de Venezuela)", señaló recientemente el ex presidente boliviano Jorge Quiroga sobre la OEA.

Según el ex gobernante, "el secretario general (de la OEA, José Miguel Insulza) y la misión que envía no nos merece ninguna confianza".

La Iglesia Católica, el otro actor mediador gravitante, fue criticada por el gobierno luego de que el cardenal Julio Terrazas, principal autoridad eclesiástica del país, participó el domingo en el referendo de Santa Cruz.

"Algunas personas de la jerarquía eclesiástica han tenido actitudes que no necesariamente contribuyen a que en este momento particular puedan desempeñar un papel de imparcialidad", dijo el vicepresidente boliviano, Alvaro García Linera.

Antes que él el propio ministro Quintana había señalado que la Iglesia Católica "por voluntad propia, ha dado un paso al costado".

El oficialismo no sólo intenta reabrir un proceso de concertación con los prefectos rebeldes de Santa Cruz, Beni, Pando y Tarija, sino que también estudia retomar su idea de hacer aprobar mediante sendos referendos la nueva Constitución y así frenar los procesos autonómicos.

El oficialismo aprobó en la Asamblea Constituyente en diciembre pasado la nueva Carta Magna sin debate ni consenso con la oposición, y para que tenga vigencia legal debe ser validada en dos referendos nacionales: uno para definir las extensiones máximas de las propiedades agrícolas privadas y otro para dar luz verde a todo el cuerpo legal.