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Cuando se emitió la Ley de Adopciones, en noviembre del 2007, todos los que luchamos por los derechos de la niñez sentimos que Guatemala daba un salto a una nueva realidad. Esta ley actualizaba la legislación interna con la Convención de La Haya, que también y por fin se encontraba recientemente ratificada por el país.

Tanto la Convención como la nueva ley permitirían dar el tratamiento correcto a las adopciones internacionales, con el propósito primordial de que el Estado garantice y mantenga como prioridad la protección integral por el interés superior de las niñas y niños dados en adopción.

Todos sabemos que las adopciones se convirtieron decadentemente en un acto privado en el que el Estado daba su sello de aprobación, sin verificar la identidad de la niña o el niño, si la madre que los entregaba era realmente su madre, si era un acto realmente voluntario y el estado físico en que se encontraba el niño o la niña.

Vale la pena mencionar que estas “adopciones en serie” también son negocios para las agencias de adopción en Estados Unidos, que hacen fuertes contribuciones para los procesos electorales y han organizado en el Senado un comité voluntario de senadores por los derechos de los padres que adoptan. Pareciera que nadie se preocupa por el bienestar mismo de los niños o niñas.

Sin embargo, aun con la nueva ley tenemos un problema serio. Al entrar en vigor quedaron dos mil 938 niñas o niños en proceso de adopción bajo el imperio de la ley anterior, de quienes no se sabe en dónde están o quién cuida de ellos, lo cual ha generado un conflicto de competencia.

El recién creado Consejo Nacional de Adopciones, en cumplimiento con la ley, considera que solo debe analizar y pronunciarse sobre los casos de adopción en el futuro, pero no entiende su mandato sobre estos casos que quedaron pendientes, insistiendo en que esto es obligación de la Procuraduría General de la Nación (PGN).

La PGN ha sostenido que no tiene los recursos necesarios para cumplir esta misión, el Ministerio Público indica que no tiene denuncia de algún acto delictivo y, mientras tanto, el Estado no ha logrado determinar el paradero y estado de estos dos mil 938 casos, pero los trámites de autorización de la adopción progresan inexorablemente en silencio y a la sombra de la impunidad.

Este hecho y sus consecuencias se vuelven más palpables cuando el Movimiento Social por los Derechos de la Niñez levanta su voz, y varias madres valientes asesoradas por la Fundación Sobrevivientes declaran una huelga de hambre frente al Palacio, en demanda de que alguna autoridad del Estado les diga dónde está su hijo o hija que fue robado o sustraído y posiblemente dado en adopción, sin que hasta este momento nadie ni ninguna institución asuma la responsabilidad.

Un Estado que no manifiesta la voluntad de proteger a sus niñas o niños no será capaz de proteger a nadie. Peor aún, si se sigue permitiendo el descaro de que estos niños o niñas sean exportados como mercancía a través de la “adopción”, que debería ser una institución humanitaria creada para dar familia a un niño que no la tiene y darle una mejor expectativa de vida.

Felicitamos la medida de suspender las adopciones mientras no se confirme la identidad de la madre biológica y su voluntad de entregar al bebé en adopción, pero debemos insistir en que primero hay que establecer en dónde están estos niños y que se pongan a la vista de la jueza de Protección de la Niñez.