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Desde el inicio del actual gobierno, se insinuó sobre la creación de nuevas o recicladas instituciones que estarían cercanas a la figura del presidente de la República para tareas específicas (ministerios y secretarías). Ahora que nuevamente esta discusión ha aflorado con relativa fuerza, es conveniente preguntarse a qué responden estas propuestas y sus posibles efectos.

La creación de nuevas estructuras debe verse como soluciones institucionales que ayuden a dar salida a eventuales dificultades y reduzcan los costos de las transacciones, en favor de los ciudadanos. Una manera perversa es ver este surgimiento como espacios para cambios superficiales, o bien, para crear “nuevas necesidades” de espacios laborales. Debemos tener claro que las instituciones estatales pueden ser comparativamente más o menos eficientes, según el lugar y el momento histórico. Este factor se pone de manifiesto en los procesos similares realizados en la última década, donde la mayor parte de reajustes institucionales no ha respondido a lógicas de Estado, sino más a bien a ocurrencias del momento, lo que ha producido un lastre con profundas repercusiones en materia de finanzas públicas.

Esta posible institucionalidad nueva es una suerte de contratos, concebidos dentro de la teoría de coste de transacción como mecanismos para garantizar la transferencia de derechos de propiedad; ello representa nuevas relaciones de poder. Así como en otros momentos se crearon instituciones orientadas a destacar la hegemonía del Ejército, en los últimos gobiernos se ha “incentivado” la creación de nueva institucionalidad alrededor de la Presidencia de la República para reducir su vulnerabilidad, a manera de blindaje que parece temporal, pero se enquista. Estos contratos llevan a la creación de estructuras de gobierno que determinan las decisiones del futuro inmediato.

Como consecuencia, lo que para muchos parece ser inercia, tiende a no serlo. El aparente exceso de la actividad burocrática esconde relaciones donde siempre hay ganadores y, por supuesto, perdedores. La profusa elaboración de propuestas, que de antemano carecen de viabilidad y recursos, son recursos para desviar la atención. Estamos frente a una situación permanente de riesgo moral, donde se ha generalizado la posibilidad que el gestor político (autoridad) busque objetivos personales en detrimento de los intereses del ciudadano (principal).

Mientras estos devaneos suceden, la estructura de gobierno presenta signos de agobio. El costo de oportunidad puede ser alto, en la medida que no se aprovechen estos primeros momentos para comprender el significado y trascendencia de echar a andar la maquinaria, antes que apostar en cambios cosméticos.

rlrosal@yahoo.es