Prensa Libre - Edición Electrónica

La capital se encuentra al borde del colapso, a causa del paro de transporte, que genera alrededor de Q400 millones diarios de pérdidas en exportaciones sólo en banano, piña y otros productos de exportación. Esta medida se debe a que los transportistas solicitan que sea regulada la medida de impedir el paso del transporte urbano durante las horas del día. La municipalidad capitalina ha respondido con silencio a esta solicitud, lo cual desencadenó la actual situación, cuyo ejemplo más claro lo constituye la falta de combustible —con todo lo que ello significa para la capital y el país—.

La autonomía municipal es una de las conquistas de la ya lejana Revolución de Octubre. Es una medida tomada con el fin de otorgar a los alcaldes y concejos la capacidad legal de tomar decisiones en favor de los municipios. Por otro lado, el beneficio de toda la población del país es un factor con más peso que el provecho de un grupo de ciudadanos, aunque sea grande, como es el caso de los capitalinos.

Dentro de esa línea de pensamiento, cuando una medida municipal afecta a todo el país, incluida la metrópoli, es imprescindible que el Gobierno de la República intervenga y aplique los mecanismos legales para evitar el caos y la anarquía, así como consecuencias de cualquier otro tipo. La autonomía municipal no convierte a cada comuna en una especie de república independiente, ni mucho menos en una virtual monarquía.

Otro aspecto por considerar es que, independientemente del hecho de que una medida municipal tenga razones válidas y proporcione muchos beneficios a unos pocos, o algunos a una mayoría, cuando el resultado pone en riesgo la estabilidad social de la capital y del país, el alcalde responsable tiene la obligación de sentarse a la mesa de discusiones, de manera madura, y olvidarse de cualquier reacción hepática o desdeñosa a las solicitudes de quienes son los directamente afectados.

El Ejecutivo tiene la obligación de intervenir, por medio de negociaciones de algún alto funcionario, con el alcalde capitalino, Álvaro Arzú, cuya actitud de aferrarse a una medida tomada por su administración se está convirtiendo en un factor de peligro para la ya mencionada estabilidad nacional, y lo haría moralmente responsable de cualquier resultado trágico, imposible de predecir, pero posible de impedir con medidas que demuestren responsabilidad.

Es importante señalar que la medida municipal tiene bases, pero que la necesidad de dialogar se debe a los cambios ocurridos en las últimas semanas en el precio de los combustibles. Por eso se debe imponer la cordura, y los egos deben ser desterrados. El problema ya está a punto de hacer crisis, y entonces de nada servirá que alguien sea declarado ganador de una batalla pírrica. Por eso, el Gobierno, al intervenir para impedir el caos que se está generando, lejos de hacer algo criticable, cumplirá con su deber de impedir que la autonomía edilicia se convierta en un factor para romper la paz y la armonía sociales del país.