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La medida de decretar el estado de Prevención, tomada por el presidente Álvaro Colom la noche del miércoles, para poner en marcha los camiones parados en las carreteras, puede ser considerada efectiva, a fin de evitar que la capital —y, en buena parte, el resto del país— cayeran en el caos. Es un mecanismo legal al que todo régimen democrático puede recurrir para impedir males mayores, pero es una solución inmediata que no necesariamente resolverá el problema de manera definitiva.

El paro es el resultado de la decisión municipal, impuesta de manera autoritaria, de limitar exageradamente el paso de los transportes pesados por las calles capitalinas durante determinadas horas del día. Nadie discute la capacidad que tiene una comuna para tomar esa decisión, ni el hecho de que sea el resultado de aplicar una medida legal cuyos motivos son reconocidos por muchos de los sectores ciudadanos.

Pero el problema inmediato que surge cuando se actúa de esa manera, es decir, sin escuchar los puntos de vista —válidos también— de las personas, gremios o entidades que salen damnificados, la acción se convierte en un motivo para que sean aplicados, en respuesta, otros derechos igualmente válidos, o sea, los de los transportistas, a quienes no se les puede obligar a trabajar con pérdidas o con una reducción importante de las ganancias a las que tienen derecho.

Si la municipalidad capitalina tiene el derecho de tomar medidas que afecten a empresas, no puede obligarlas a prestar un servicio del cual no obtengan ganancias. No se les podría acusar de irresponsables, porque si deciden no prestar un servicio o hacerlo de manera parcial están actuando en defensa de sus intereses, aunque afecten a los consumidores y la población en general.

El problema del transporte, entonces, no queda solucionado. Medidas como la militarización de los servicios han comprobado ser ineficientes cuando han sido aplicadas en otras ocasiones, años atrás. Es entonces cuando urge la intervención del Gobierno, cuya responsabilidad de velar por la normalidad de la vida nacional es una de las más graves que le otorga ese mismo sistema democrático que le permite usar medidas de urgencia.

La forma más fácil de actuar para solucionar un problema es el uso violento de las normas legales, sin fijarse en las consecuencias. La más difícil, pero para la cual se necesita, sobre todo, capacidad política, es buscar que los diferentes sectores participantes puedan expresar sus puntos de vista, con el objetivo de que sean tomados en cuenta en una solución más completa y, por ello, con posibilidades mayores de éxito.

La medida tomada por el Ejecutivo, buena como es, no puede durar mucho tiempo. Este factor es el que hace que el problema sólo se haya alargado. Es entonces cuando la capacidad de negociación estatal debe ser utilizada para que los problemas no hagan crisis, y para que los sectores antepongan egos y actitudes de intransigencia que nada más afectan a la totalidad de la población.