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Hoy es el Día de la Madre, por eso, primero que todo, quiero mandar a todas las mamás un abrazo y decirle a los hijos que lo que las mamás queremos, más que regalos y comilonas, es que pasen este día con nosotras, que nos den tiempo de calidad, que nos abracen, besuqueen, apapachen, hacernos sentir que todavía nos necesitan porque nosotras siempre necesitamos sentirlos chiquitos.

Ahora, querido lector, voy a contarle lo que pretendía el Congreso de la República con la aprobación como moción privilegiada y de urgencia nacional de la ley del fondo para el desarrollo petrolero, que la Coalición Ambiental denunciamos públicamente.

Por años hemos pedido reformas a la Ley de Minería e Hidrocarburos, especialmente en lo referente a las regalías, como el camino correcto para cambios que beneficien al país y a las poblaciones de las áreas de explotación. Las regalías oficiales son de un 1 por ciento, de lo que se autoriza deducir los gastos de operación de la empresa; la industria petrolera genera Q801 millones al año, pero al deducirse los gastos de operación, preguntémonos: ¿Cuanto le queda a Guatemala? La ley en referencia no aumenta las regalías pero sí aumenta el plazo de los contratos hasta 25 años y autoriza al Ministerio de Energía y Minas a otorgar nuevos sin licitación y prorrogar los existentes.

En Guatemala, solo dos empresas petroleras están explotando, una de ellas genera más del 90 por ciento de la producción actual (14 mil barriles diarios), a la cual ya se le concedió una prórroga de su concesión, que vence dentro de dos años. ¿A quién favorecería, entonces, lo que se pretende aprobar? ¿A las comunidades —como se quiere justificar— o a una empresa que con nueva prórroga de 25 años y con el alza del petróleo obtendría ganancias astronómicas durante 25 años más? ¿O a Guatemala, con las mismas “pingües” regalías de un 1 por ciento?

Esa ley no genera justicia a la Nación y su gente; más aún, cuando la concesión actual está a 2 años de finalizar y la ley establece que al vencerse una concesión todo lo que queda pasa a favor del Estado, pudiendo entonces Guatemala disponer del cien por ciento de su propio recurso, y no solo del 1 por ciento actual que se perpetuaría. Adicionalmente, podría darla en administración y los ingresos sí serían suficientes para beneficio comunal, digno y suficiente; áreas protegidas y más.

Los ambientalistas hemos pedido que dicha iniciativa sea desechada por lesionar los intereses nacionales, declarándola improcedente e inmoral al proponer hipotecar por 25 años, a favor de una empresa privada, territorio y recursos que son parte del patrimonio nacional y de nuestra soberanía; que se reforme urgentemente la Ley de Minería e Hidrocarburos, aumentando el porcentaje de las regalías de petróleo y minas a 40 por ciento; que cualquier futura concesión deberá realizarse dentro de una nueva legislación y con los más altos estándares de calidad ambiental.

También hemos hecho ver que la iniciativa del Congreso de la República viola el mandato constitucional de prevalencia del bien común sobre el beneficio particular, pues en este caso se propone afectar los intereses económicos, sociales y ambientales de Guatemala en beneficio de una empresa privada.

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martapilon@intelnet.net.gt