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En su reciente viaje a Estados Unidos, el papa Benedicto XVI hizo acto de presencia en la sede de Naciones Unidas, y allá tuvo un discurso que podemos considerar históricamente importante. En la estela de Pablo VI y Juan Pablo II, Benedicto XVI ha sido el tercer Papa en visitar la sede de la ONU. Como líder de una de las religiones más extendidas en el mundo, la presencia del Papa en la ONU significa un reto tanto para él como para la Iglesia que representa, porque tiene que hablar no simplemente para sus fieles o en un discurso de carácter simplemente religioso. Tiene, por el contrario, que hablar en un plano más universal que el de la fe concreta que profesa y en la que preside a la Iglesia. Hay, ciertamente, una larga tradición en el pensamiento católico de pensar los problemas del mundo y del ser humano no solo en clave interna, sino en la búsqueda de diálogo con el pensamiento de otros que no comparten la fe.

En ese horizonte el discurso de Benedicto XVI se inserta en uno de sus temas favoritos: la coherencia entre fe y razón. Dentro del discurso un tema sobre el que reflexionó fue precisamente sobre la responsabilidad de proteger. Para ponerlo en términos breves: hay una unidad de la familia humana y hay una dignidad innata en todo ser humano. En ello hay una plena coincidencia entre la más clásica doctrina católica y los presupuestos mismos de la ONU. Ello conlleva entonces a una reflexión sobre la naturaleza del Estado y sobre sus obligaciones mínimas. Será deber primario de todo Estado, nos recordará el Papa, el proteger a su propia población de violaciones graves y continuas a los derechos humanos. Cuando un Estado es impotente, incapaz o inepto para ejercer esa protección, la comunidad internacional ha de intervenir con los medios jurídicos previstos por la Carta de las Naciones Unidas. La limitación de soberanía que ello podría implicar no es atribuible al intervencionismo externo cuanto al vacío interno de ejercer la responsabilidad de la protección.

Benedicto XVI también defenderá, en la más pura tradición del pensamiento católico, que los derechos humanos son de carácter universal y de fundamento natural. Esta doble afirmación pone cota al relativismo tan en boga hoy desde distintos escenarios, pero sugiere también, en mi opinión, que las concreciones prácticas y detallistas de muchos derechos sí hay que situarlos en contextos culturales, temporales y circunstanciales específicos. La fuente de los derechos humanos no estará entonces en la legalidad desde la que norma el legislador sino que, por el contrario, será desde un horizonte universal e integral de los derechos humanos desde donde se podrá juzgar la bondad ética y la pertinencia jurídica del legislador de turno. Confiar de manera exclusiva al Estado —cualquiera que éste sea— el discernimiento sobre los derechos humanos es un riesgo grande del que la historia nos puede presentar ejemplos abundantes.

A los ciudadanos creyentes nos tocará, iluminados por nuestra fe, ser ciudadanos activos junto con todos los demás ciudadanos en la defensa y promoción de los derechos humanos fundamentales.