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La muerte del periodista Jorge Mérida, perpetrado el pasado sábado, dejó al descubierto lo vulnerable que resulta el ejercicio de esa profesión en Guatemala, mientras la fiscalía investiga otras cinco amenazas de muerte contra comunicadores del interior del país.

“De momento estamos colaborando con la Fiscalía Distrital para avanzar con las pesquisas. Se manejan varias hipótesis, pero prefiero no adelantar nada, hasta que no tengamos algo más concreto”, afirmó el fiscal de Delitos contra Periodistas y Sindicalistas, Mario Castañeda.

Mérida, quien laboraba como corresponsal del matutino Prensa Libre en Coatepeque, Quetzaltenango, al suroeste del país, fue asesinado en el interior de su vivienda el sábado pasado, cuando un desconocido ingresó al inmueble y disparó en cuatro ocasiones al rostro del comunicador.

Castañeda explicó que las denuncias de amenazas e intimidaciones contra periodistas en Guatemala han mantenido una constante durante los últimos años, aunque en el período electoral se mostró una ligera tendencia al alza.

Mérida es el segundo periodista que pierde la vida en lo que va del año. El 12 de abril el locutor Rubén Bozarreyes Luna, de 29 años, fue abatido en Gualán, Zacapa, unos 130 kilómetros al noreste de la capital, cuando se encontraba en una cafetería.

El pasado año, otros dos periodistas fueron asesinados.

Por su parte, el camarógrafo del telenoticiero Telecentro Trece Eduardo García resultó herido de bala, mientras que la corresponsal del radionoticiero Patrullaje Informativo fue agredida y despojada de su teléfono durante los disturbios ocurridos el mes pasado en San Juan Alotenango, Sacatepéquez.

Según el informe presentado por la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), en la última reunión de la organización, el pasado marzo, muchos otros periodistas o comunicadores han sido objeto de agresiones o amenazas a menudo desde las propias instituciones del Estado.

Es el caso de los reporteros, fotógrafos y camarógrafos que fueron agredidos por miembros de la Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad (SAIA) y de la Dirección de Investigación Criminal (DINC), el pasado 7 de marzo, cuando aprehendían a otros agentes, acusados de sustraer objetos de valor en una vivienda allanada en Quetzaltenango.

Otro hecho fue el encierro que sufrieron varios periodistas por parte de la seguridad presidencial del presidente Álvaro Colom, en el momento en que el mandatario salía por otra puerta para no ser entrevistado por los comunicadores en la Capitanía General de Antigua Guatemala.

El presidente de la Asociación de Periodistas de Guatemala (APG), Alejandro De León, aseguró que el periodismo “es una profesión sagrada que debe cuidarse”.

“Estamos muy preocupados por estos hechos que hasta cierto punto limitan que podamos desenvolvernos en un ambiente digno y seguro. Las autoridades deben preocuparse por garantizar el libre ejercicio profesional de los periodistas”, sentenció.

AFP