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La Corte de Constitucionalidad (CC) se excede hasta 12 veces más en el tiempo que estipula la ley para resolver un proceso, y de esa cuenta, casos que deberían tener respuesta en un mes o 60 días tardan hasta dos años para conocer sentencia.

El año último, tres mil 889 casos se presentaron en la CC, de los cuales mil 471 fueron apelaciones de sentencia en amparo, 971 apelaciones de auto de procesamiento en amparo, 435 ocursos de queja y 314 fueron amparos en única instancia.

De éstos, el 60 por ciento aún está en trámite, y este año se acumularán al menos mil 387 más.

La Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad estipula el tiempo en que se debe resolver un proceso; algunos deben tener respuesta a las 36 horas, y para otros el plazo es de 60 días, pero la realidad es que esto no se cumple.

Gladys Chacón, presidenta de la CC, aseguró que el problema no es la resolución de los procesos, sino que los atrasos obedecen a las notificaciones.

“Al asumir la presidencia me topé con el hecho de que más de 485 expedientes de años anteriores aún no habían sido notificados. El embudo de los procesos se encuentra en la secretaría”, afirmó Chacón.

Explicó que por ello han integrado un equipo que tiene la misión de efectuar al menos 50 notificaciones diarias. Además, incorporó un nuevo sistema electrónico que permite que los procesos se firmen el mismo día, y así se evite que éstos recorran las magistraturas por más de dos o tres semanas para obtener la firma. Según Chacón, los resultados de este nuevo proceso se notarán dentro de dos meses.

De acuerdo con Mario Fuentes Destarac, presidente del Centro para la Defensa de la Constitución (Cedecon), la justicia tardía no cumple con su cometido.

“Muchos casos están durmiendo el sueño de los justos, y la justicia tardada no es justicia”, refirió.

Proceso interno

Al ingresarse en la CC, los casos se tramitan inicialmente en la presidencia; luego son asignados a uno de los magistrados, para que se elabore la ponencia, y ésta se comparte con los otros magistrados, para su estudio y análisis.

La presidencia debe convocar al pleno a fin de que se conozca la acción, para su aprobación y firmas. Finalmente, se envía a la secretaría, para que ésta notifique a las partes.

Pero, al efectuar un monitoreo de casos, es fácil comprobar que el procedimiento no es más que una norma escrita en papel, pues los procedimientos demoran hasta dos años.

“Esto se viene dando desde la creación de la Corte de Constitucionalidad, y se basa en un problema netamente administrativo”, explicó Fuentes.

Los magistrados coincidieron en afirmar que muchos de los abogados presentan recursos frívolos e improcedentes, que únicamente saturan la labor de la Corte.

Roberto Echeverría, abogado penalista, explicó que uno de los problemas es que ninguno de los afectados se atreve a plantear acciones contra la CC, pues, a la postre, todos los procesos terminarán en dicha instancia.

“Uno piensa antes de plantear alguna acción; además, no se les puede recusar o presentar alguna acción en el Tribunal de Honor o en el Colegio de Abogados”, expresó Echeverría.

Otros abogados califican como “políticas” las resoluciones de la Corte, pues solamente esos casos se resuelven con mayor agilidad si se comparan con las de cualquier otro ciudadano.

“Aquí no se tiene preferencia por ningún caso, todos se han intentado resolver en el tiempo indicado”, justificó la presidenta de la CC.

Uno de esos fue el del primer amparo presentado por Mario Gordillo, ex procurador general de la Nación, que presentó una acción de amparo el 2 de abril último, por las amenazas que existían en su contra, y el 10 del mismo mes se lo denegaron, lo que dio paso a que fuera destituido.

Otro ejemplo que, pese a que tardó cinco meses más para resolverse, tuvo una resolución más rápida que otros, fue el conflicto entre la municipalidad y el transporte pesado.

El 14 de agosto del 2007, la comuna presentó el recurso, el 22 se resolvió de manera provisional, el 5 de marzo recién pasado se dio en definitiva, y no fue sino hasta el 7 de abril que se notificó, justo en el momento en que la crisis llegaba a su punto más candente.

Según Fuentes, existen casos urgentes, pero siempre debería resolverse de manera equitativa.

“Lo absurdo es que resuelvan en una fecha y se notifique en otra muy distante”, detalló el presidente del Cedecon.

Muchos casos

José Luis González Dubón, presidente de la Liga pro Patria, presentó, el 2 de abril último, un memorial en la CC donde pide que dicten sentencia sobre si es o no inconstitucional el decreto 35-2007 del Congreso de la República, que aprueba la creación de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig).

“En ese momento ya habían pasado tres meses y 21 días de la fecha en que debían dictar sentencia, y a pesar del memorial aún no ha pasado nada”, aseveró González.

Otro de los procesos demorados es el caso de Alka Wenker, un recurso de inconstitucionalidad que fue declarado sin lugar. Había sido ingresado en la CC el 11 de octubre del 2006, y finalizó su trámite el 1 de abril del 2008.

Durante un año, el proceso no tuvo movimiento, pues aseguran que no localizaban a quienes eran parte de éste y, por ello, no se les había notificado, pese a que la resolución se emitió el 31 de octubre del 2007. El 26 de enero de este año, los sindicados presentaron un recurso de aclaración y ampliación, que fue resuelto sin lugar. Ahora, el expediente debe remitirse a un juzgado.