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Madrid. La Audiencia Nacional, principal instancia penal española, reconoció ayer que no tiene la “capacidad suficiente” para investigar los crímenes de lesa humanidad y genocidio cometidos en otros países, cuando no haya víctimas españolas.

“La capacidad de la Audiencia Nacional se ha revelado insuficiente a la hora de investigar casos de genocidio en otros países en los supuestos que no afectan a personas e intereses de españoles”, señaló la Memoria 2007 de la Audiencia, publicada ayer.

La principal instancia penal española instruye en estos momentos distintas causas por genocidio en países como Guatemala, Argentina, Tíbet o Ruanda, entre otros, en aplicación del principio de justicia universal.

Sin embargo, los magistrados que instruyen tienen diversos problemas, como la imposibilidad de tomar declaración a los procesados en los sumarios, en ocasiones, debido a la oposición de las autoridades de los países objeto de la investigación.

La Audiencia española ha recibido numerosas denuncias por genocidio en los últimos años, en especial, después de que a mediados de los años 1990 comenzara la instrucción por los crímenes de lesa humanidad cometidos durante las dictaduras argentina (1976-1983) y chilena (1973-1990).

Posteriormente, en el 2005, el Tribunal Constitucional (TC) español declaró válida la competencia de la justicia española para juzgar delitos de genocidio y crímenes contra la humanidad ocurridos fuera del país y aunque no haya víctimas nacionales.

El TC afirmó “que el principio de jurisdicción universal prima sobre la existencia o no de intereses nacionales”, en respuesta a un recurso interpuesto en 1999 por Rigoberta Menchú, premio Nobel de la Paz, después de que el Tribunal Supremo solo admitiera perseguir los crímenes contra la humanidad en Guatemala cuando afectaran a españoles.

Menchú recurrió a la justicia de ese país para investigar el asalto, por parte de militares, a la Embajada de España en Guatemala, el 31 de enero de 1980, en el que murieron 37 personas, entre ellas, tres diplomáticos españoles y el padre de la activista.

AFP