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El Gobierno afina la iniciativa de ley de custodia de la competencia, que busca evitar la práctica de los monopolios; este proyecto es parte de las 10 acciones que propuso el presidente Álvaro Colom, el domingo recién pasado, para enfrentar la crisis económica que encarece la canasta básica y los combustibles.

Carlos Larios Ochaita, secretario general de la Presidencia, informó que el equipo legal de esa institución analiza esa iniciativa de ley antes de enviarla al Congreso, a fin de evitar cualquier inconstitucionalidad.

“No sabemos cuánto tiempo más tardarán los abogados en la revisión del proyecto, pero queremos evitar que contenga ilegalidades”, expresó el funcionario.

El anteproyecto de ley, en su artículo 13, refiere que queda prohibida toda conducta, contrato, acuerdo, convenio, decisión o práctica concertada entre agentes económicos competidores, que tengan por objeto o efecto reducir o eliminar la libre competencia.

Entre las 10 acciones anunciadas, el Ejecutivo plantea impulsar una política de fomento a la competencia, con el objetivo de favorecer precios bajos con base en el funcionamiento sano y transparente de los mercados.

Prohibición de monopolios

Arturo Herrador, quien fue el enlace entre el Ejecutivo y el Congreso, y ahora es director del Registro Mercantil, mencionó que el espíritu de dicho proyecto de ley es hacer que se cumpla el artículo 130 de la Constitución, el cual establece la prohibición de monopolios y que el Estado debe proteger la economía de mercado e impedir las asociaciones tendentes a restringir la libertad comercial o a perjudicar a los consumidores.

Para hacer cumplir la ley se pretende crear una comisión que promueva la competencia, adscrita al Ministerio de Economía.

Esa instancia podrá sancionar con multas sucesivas de hasta 10 salarios mínimos diarios no agrícolas, por cada día de atraso, a las personas que no entreguen información requerida.

Herrador comentó que el ámbito de la iniciativa de ley abarca no solo los actos o conductas generados en el país que afectan la competencia, sino también prácticas que, originadas fuera del territorio guatemalteco, inciden en el mercado nacional.

“La ley se aplicaría a todas las personas que realicen actividades económicas en el territorio nacional”, expresó.

Destacó que dicha propuesta tiene como finalidad incrementar la eficiencia económica del país y mejorar el bienestar del consumidor, mediante la oferta adecuada de productos, servicios —en calidad y precio— y mayor variedad de los satisfactores, para ampliar los espacios de elección de los consumidores.

Mientras el Ejecutivo termina de revisar aquel proyecto, en el Congreso se está a la espera de que éste llegue para iniciar su evaluación y discusión.