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Debido a los constantes ataques y amenazas en contra de grupos vulnerables, la Comisión Presidencial de Derechos Humanos (Copredeh), junto a otras entidades gubernamentales y grupos civiles, trabajan en establecer medidas de seguridad y protección que ayuden a reducir crímenes e intimidaciones.

Ayer se concretó el primer encuentro nacional entre Copredeh, los ministerios Público y de Gobernación, y organizaciones sociales, con miras a redactar un catálogo de medidas de prevención y protección para defensores de derechos humanos y otros grupos vulnerables —como jueces y periodistas—.

En lo que va de año se han registrado 35 agresiones contra jueces, fiscales, sindicalistas, líderes comunitarios, defensores de derechos humanos y periodistas. “Del 2000 para acá, tenemos mil 250 agresiones contadas”, afirmó Claudia Samayoa, de la Unidad de Protección de Defensores y Defensoras de los Derechos Humanos.

“Estamos preocupados porque en los últimos 10 meses han disminuido las amenazas contra grupos vulnerables, pero han aumentado los asesinatos”, expresó Samayoa.

Informó sobre algunos casos recientes de asesinatos contra esos grupos.

Hace dos semanas fue ultimado un magistrado de la Corte de Apelaciones, en Retalhuleu. El sábado recién pasado, Jorge Mérida, corresponsal de Prensa Libre, fue muerto a balazos en Coatepeque. Y el recién pasado martes murió asesinado Sergio García, sindicalista de la Salud, en Puerto Barrios.

Hugo Martínez, de Copredeh, explicó: “Es urgente que nos pongamos de acuerdo Estado y sociedad civil, para tener medidas de protección que nos permitan reaccionar inmediatamente ante cualquier amenaza”.

Lamentó, asimismo, que los procedimientos actuales no permiten actuar con rapidez.

Según Samayoa, los agresores son los cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad, los poderes locales vinculados al narcotráfico, el crimen organizado y los actos de corrupción