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ME ALEGRA ENORMEMENTE la decisión del aumento a los pensionados por el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, anunciado el miércoles por sus autoridades y por el presidente Álvaro Colom. Las personas cuya edad oscila entre los 65 y 90 años suman aproximadamente 600 mil, equivalentes a un 5 por ciento de la población total. Se encuentran, en demasiados casos, en situaciones muy lamentables en el campo económico, pero también su salud es uno de los motivos de preocupación en los últimos años de sus vidas. Debido a ello es buena noticia saber de la idea de realizar acciones en beneficio de quienes se encuentran en el ocaso de la existencia. Sin embargo, la medida resulta ser insuficiente y significará muy poca diferencia.

QUIENES RECIBEN Q340 mensuales de pensión tendrán ahora derecho a Q432. Porcentualmente es una cifra interesante, porque significa un 34 por ciento, pero en la práctica se reduce a un aumento de Q92 mensuales, o sea, Q3 diarios. A como están las cosas, con ese dinero podrán pagar un pasaje de camioneta, o una agua gaseosa en alguna pequeña tienda de barrio. Las pensiones subirán así: de Q400, a Q520; de Q500, a Q625; de Q600, a Q732; de Q700, a Q805, equivalentes en promedio a un poco más de los Q3 diarios mencionados. Se cumple, pese a la medida, aquel viejo refrán según el cual las sociedades se pueden analizar muy bien al ver cómo tratan a sus ancianos y a sus niños. Guatemala, entonces, los trata mal.

DESDE HACE MUCHOS AÑOS, quedó rota la estructura básica del Seguro Social, de tres pilares: las cuotas patronales, las laborales y las estatales. Estas últimas han sido vistas con desdén por la mayoría de gobiernos, más preocupados en gastos muchas veces superfluos. La estructura salarial de la burocracia del Estado es, en demasiados casos, muy difícil de explicar. Los sueldos de diputados, de asesores presidenciales, ministeriales o de cualquier otro tipo, en demasiados casos constituyen un insulto para el resto de la población, pero en especial para los niños y los ancianos. Cuando el Gobierno dejó de pagar sus cuotas, simplemente el sistema empezó a venirse abajo y ha sido una de las causas principales de la dura realidad del IGSS:

DESDE EL 2003 HASTA el 2007, en apenas cinco años, la deuda al IGSS ha subido de Q7 mil 415 millones, a Q13 mil 25, o sea, casi 60 por ciento. La parte estatal de esta equivale a Q10 mil 488 millones. Ante esta realidad, es muy fácil comprender cuál debe ser el camino para la mejoría de los servicios del Seguro Social: primero, pagar la deuda estatal y la patronal faltantes, y luego administrar en mejor forma los fondos, la compra de medicinas, la contratación de servicios y toda una larga lista adicional. No se necesita mucha preparación para darse cuenta de la prioridad de las acciones con el fin de no mantener la idea del fracaso o la inutilidad práctica del Seguro Social en un país con las graves falencias existentes en Guatemala.

REITERO: LA DECISIÓN TOMADA va por el buen camino, pero es insuficiente. Todos entendemos las dificultades financieras del régimen, así como los problemas vislumbrados en el horizonte económico y político nacionales. Pero dentro del plan anunciado por el Gobierno se puede perfectamente lograr más dinero para permitir a los jubilados no sufrir tanto en sus años finales. Por último, hago una sugerencia. Cambiemos el nombre de clases pasivas, por una palabra carente de la carga negativa de la pasividad. Parece una simpleza, pero no lo es. Quienes trabajaron toda su vida y aportaron al Seguro Social, se han ganado el derecho de ser tratados de otra forma por la sociedad, pues de hecho, no hacerlo nos hace cómplices a todos.