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Todos los sectores que intervienen en el transporte, ya sea de carga o de pasajeros, tienen parte de razón al demandar mejoras, pero en la medida de que no haya consensos, el más afectado es el ciudadano, señala la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH).

Rolando Yoc, director de incidencia política de la PDH, abordó la problemática del transporte que atraviesa el país, la cual se vislumbra complicada porque cada una de las partes involucradas tiene sus diferentes apreciaciones que eventualmente pueden no coincidir con otras.

Por una parte, está justificado que los empresarios pidan incrementos a la tarifa por el servicio a causa de los altos costos del petróleo y sus derivados, señaló.

Mientras, el Gobierno y las municipalidades actúan en ley para asegurar las tarifas con subsidios o con las restricciones vehiculares para mantener el orden dentro de sus jurisdicciones.

Con los pilotos, que también intervienen en la problemática, está validada sus demandas de seguridad pues se han convertido en “carne de cañón” del conflicto que encierra todos esos factores.

Por último, el usuario, que no puede soportar más incrementos a ese tipo de servicios, añadió Yoc.

Con esos elementos, la PDH sostiene que la problemática es grave y alienta a promover el diálogo y la búsqueda de consensos para encontrar soluciones.