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BUENOS AIRES (AFP) - Industriales, banqueros y comerciantes instaron el sábado a poner fin a una dura compulsa por los impuestos a la soja, que derivó en una paralización del sector agropecuario que pone en riesgo el ritmo de crecimiento de la Argentina, que ha sido de casi 9% anual desde 2003.

"Hay señales muy claras de apertura para un diálogo (de parte del gobierno) y eso debe ser correspondido (por los productores agropecuarios). Por delante está el país", dijo este sábado el presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Juan Carlos Lascurian en declaraciones a la radio 10.

El empresario aludió así a un discurso conciliador pronunciado el jueves por la presidenta, Cristina Kirchner, quien llamó al diálogo a las entidades agropecuarias que, no obstante, decidieron mantener un 'lockout' agrario, al entender que no había propuestas concretas para dar un paso atrás.

"No nos podemos autoconvocar al diálogo", ironizó Eduardo Buzzi, de la Federación Agraria, que reúne unos 100.000 productores, a la espera de una cita explícita de la mandataria, quien se encuentra en la Cumbre UE-América Latina de Perú.

La influyente UIA, la Asociación de Bancos Privados de capital argentino (Adeba), la Bolsa de Comercio de Buenos Aires y las Cámaras Argentinas de Comercio y de la Construcción, que hasta ahora se habían mantenido al margen del conflicto, publicaron un aviso pagado en los principales diarios bajo el título "Nadie pierde si la que gana es la República".

"El país ya no puede esperar. Es demasiado el daño que se le está ocasionando en momentos en que la coyuntura nacional e internacional ofrece una oportunidad única para acordar en común el diseño de las políticas para todos los sectores", señala el documento publicado en todos los diarios del país.

Pequeños, medianos y grandes productores del agro, en pie de guerra contra la política fiscal, suspendieron la comercialización de granos al exterior, en particular de la soja, tras mantener una huelga de 21 días en marzo, que generó desabastecimiento en las grandes ciudades.

La protesta, que seguirá al menos hasta el miércoles, se hizo sentir en el puerto de Rosario (300 km al norte) donde ningún transporte con granos ingresó en la semana, frente a los casi 5.500 camiones en promedio que entraban a diario en igual época de 2007.

Argentina destina el 95% de su producción de soja a las exportaciones, mientras que el gobierno regula los mercados de maíz, trigo y carnes, para impedir que las alzas internacionales tengan efecto inflacionario interno.

Se estima que la soja generará en 2008 una renta de unos 24.000 millones de dólares, de los cuales el gobierno pretende quedarse con 11.000 millones por medio de las retenciones móviles (impuestos a las ventas externas), que los agricultores consideran confiscatorias.

El conflicto está afectando la actividad económica general de un país que ha venido creciendo a un promedio de casi 9% anual desde 2003, y que registra un fuerte superávit comercial y fiscal, hasta ahora sólo acechado por el fantasma de la inflación real, de entre 20 y 30% en el año y por una mayor preocupación de los argentinos.

Hubo en la semana temor a corridas bancarias, pero el Banco Central (autoridad monetaria), que suele intervenir en el mercado para mantener un tipo de cambio alto, inyectó 750 millones de dólares al mercado para frenar las apuestas especulativas.

El Banco Central terminó la semana con 49.222 millones de dólares en reservas, por debajo del umbral de 50.000 millones alcanzado en marzo, pero la moneda que cotizaba a 3,21 pesos el lunes, cerró el viernes en 3,18 pesos.

En tanto, las acciones líderes de la Bolsa de Comercio recuperaron 1% en cinco días.

El lockout está impulsado por millares de agricultores movilizados con sus tractores y camionetas a lo largo de la rica Pampa húmeda, y es respaldado por la oposición radical socialdemócrata, socialista y liberal.

En tanto, organizaciones piqueteras y sociales aliadas del kirchnerismo, resolvían este sábado un plan de acción en defensa del gobierno.